Empecemos por aclarar que las disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, son sólo el primer paso del intento por romper con los monopolios existentes en comunicación por radio y televisión; de hecho, quedan varios recursos legales que pueden emplear los afectados y no es lejana la posibilidad de que se anulen las disposiciones de apertura. En todo caso, según Fernando Borjón, comisionado del Instituto, el tiempo contemplado para que salgan al aire las nuevas cadenas televisoras tendrá una duración de aproximadamente cinco años.
La realidad es que América Móvil tiene el control en más de dos terceras partes de los consumidores de telefonía y Televisa, junto a TV Azteca, acaparan casi en su totalidad la transmisión de señal abierta y señal restringida.
Estos simples datos estadísticos se interpretan como factores importantes para el encarecimiento de los servicios y el empobrecimiento de la calidad de los mismos en perjuicio de los usuarios, su cultura y economía personal.
También considere que actualmente el 29.5 por ciento de hogares mexicanos es influenciado por la televisión abierta y el 11.4 por la contratada por cable. El dominio de Televisa y TV Azteca es casi total y el poder mediático que administran favorecen la parcialidad de la información que entregan a sus audiencias.
En los análisis de expertos existen muchas dudas sobre lo que está aconteciendo, todas relacionadas con las verdaderas intenciones del Gobierno federal, la transparencia de la disposición y el fin último que se persigue.
Usted sabe que existe un grave rompimiento entre la interpretación de leyes y la verdad legal ante lo moral y ético; nuestros gobernantes y sus aparatos jurídicos han complicado tanto la interpretación de justicia, que ahora es fácil declarar inocente a un culpable y viceversa. Baste un ejemplo: luego de la detención del "Chapo", su culpabilidad en relación a los señalamientos de ser narcotraficante fue desechada por no tener pruebas que aseguraran la acusación.
La historia de la guerra de los mediáticos comunicadores, aunque corta, ya deja mucho qué pensar: el 13 de septiembre se instaló el Ifetel, iniciando la reforma que afectaría a los medios de comunicación de radio, televisión y telefonía; el 20 de noviembre del año pasado inicia una consulta pública que termina el 19 de diciembre y genera 32 comentarios que tienen que ver con la inconformidad ciudadana por los monopolios y sus costos.
El 14 de febrero del presente año, un juez del D.F., notifica al Ifetel que no tiene competencia en relación a definir reglas de explotación y transmisión de televisión, por lo que tres días después la Presidencia de la República envía a la Suprema Corte de Justicia una Controversia Constitucional y el 17 de febrero, la misma notifica al Juez la suspensión de su sentencia. Nótese la efectividad en tiempo y forma.
Es muy temprano para identificar todo el trasfondo de la guerra de los empresarios de la comunicación y el propio Gobierno federal; ponga en consideración muchas probables causas: la primera de ellas, la enorme necesidad de abaratar los costos de vida de los mexicanos y defender sus derechos a ser informados y entretenidos por esos medios; también considere otras razones, como el interés del Estado y del partido político en el poder, por recobrar el control de la autoridad y real comunicación del país y sobre todo la necesidad de rehacer las estructuras del sistema político mexicano.
Considerando el propósito declarado por el Presidente de México, en relación a la reactivación de la economía nacional y tomando en cuenta sus acciones que han llevado a efecto el inicio de reforma en temas tan importantes como la educación, la energía y la seguridad, es claro que la comunicación del país no puede quedar fuera de ello y es indispensable el abaratamiento de los costos en cuestiones como publicidad, mercadotecnia e información de ventas y compras de productos diversos.
Esta consecuencia de la apertura, sin duda, nos beneficiaría a todos.
Abrir las opciones en el cuadrante radiofónico, lanzar la oferta para la creación de nuevas cadenas de televisión y nivelar las posibilidades de competencia en cuestiones de servicios de telefonía, son decisiones trascendentales para nuestro país, pero quedan como insuficientes si no se agregan reglamentaciones que tengan que ver con la calidad en los servicios y medidas -inclusive sanciones severas- para quienes defrauden al consumidor.
Ante todo, la calidad del mensaje, que sea de verdadera divulgación cultural y promoción de la educación, empezando por terminar con esas programaciones nocivas, cargadas de morbo y distorsionadoras de las mentalidades de televidentes y oyentes, particularmente los menores en camino de su formación integral.
Lo invito a que nos mantengamos atentos, que el golpe mediático ya lo han aprovechado nuestras autoridades; no vaya a ser que nos estén vendiendo "espejitos", aunque ahora sean tecnológicamente sofisticados. ¿Acepta?
ydarwich@ual.mx
