A contrapelo de la intención del gobierno de abrir una ruta tersa para evitar un conflicto laboral tras la declaración de quiebra de Mexicana de Aviación, la imposibilidad de estirar la liga augura una colisión. Los recursos en caja no alcanzan para cubrir las expectativas de indemnización. De acuerdo a la estrategia diseñada por la Secretaría del Trabajo, los damnificados por la ruptura definitiva de la esperanza de regresar a las pistas de la línea aérea recibirían un trato acorde a la ley, es decir, tres meses de salario y 12 días por año de antigüedad.
La suma, proyectada a ocho mil 500 pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra, sería de 200 millones de dólares, de los cuales 130 saldrían de la venta de la firma de mantenimiento de aviones conocida como MRO, y el resto del remate de nueve naves pignorados por la empresa, por más que su valor se calcula en sólo 650 millones de pesos.
La posibilidad implicaría llevar a fondo perdido los mil 200 millones de pesos que se le deben aún al Banco Mercantil del Norte (Banorte), y los 800 que se le adeudan a su vez al Banco Nacional de Comercio Exterior.
El aeropuerto capitalino cancelaría también sus facturas por cobrar.
La desincorporación de los talleres que se mantenían como único negocio en marcha de la compañía, se realizaría en un máximo de tres meses. En julio, pues, estaría cerrado el expediente.
El problema, sin embargo, es que los trabajadores exigen una liquidación acorde con el contrato colectivo de trabajo, lo que elevaría al triple la cantidad.
Más aún, se reclaman salarios caídos durante el lapso en que se desarrolló el concurso mercantil de la empresa, es decir, tres años y siete meses.
El monto lo calcula el sindicato de trabajadores de tierra en ocho mil millones de pesos.
El reclamo de éstos es de 13 mil 733 millones.
El sustento de la alternativa planteada por la Secretaría del Trabajo es una resolución del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil expedida en diciembre del 2010, cuatro meses después de abrirse el concurso mercantil, en que se calculaba el costo laboral de cerrar a la compañía en 948.9 millones de pesos.
El problema es que de acuerdo a los abogados de los trabajadores, el monto no incluía las indemnizaciones.
La exigencia de indemnizar a los trabajadores con base en el contrato colectivo de trabajo obligaría a solicitar la intervención de los tribunales, dado que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había declarado inválido a éste tras una demanda de Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica solicitada por la empresa.
La resolución fue impugnada ante un juez por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, quien le otorgó una suspensión provisional del acto reclamado.
Sin embargo, el asunto se quedó subjudice al entrar la compañía en el laberinto de insolvencia que provocó la graciosa huida del que fuera su dueño, Gastón Azcárraga Andrade.
El choque, pues, parece inevitable.
Por lo pronto, en el pataleo los trabajadores exigen una auditoría a la administración de la empresa durante el paréntesis encabezado por Gerardo Badín, de quien se dice que se transportaba en automóviles de lujo con cargo a la empresa, además de cobrar un más que generoso salario.
El dinero salió de la caja de MRO.
Más allá, se reclaman cuentas de cara a la desaparición del fideicomiso en que se integraban las aportaciones de los trabajadores para constituir el fondo de retiro.
Como lee usted, pues, la turbulencia está arreciando.
BALANCE GENERAL
Aunque en el papel se calificó como baladronada del presidente del Grupo Minero México, Germán Larrea Mota Velasco, su amenaza de cancelar inversiones si se aprobaba un impuesto extraordinario a la actividad, equivalente al 7.5 por ciento de la utilidad de producción de las empresas, lo cierto es que el ánimo de los inversionistas extranjeros en la actividad ha menguado en los últimos meses.
De acuerdo a una encuesta realizada por el despacho Baker & Mackenzie, si en 2010 el 75 por ciento de empresas del exterior se declaraba interesada en más inversiones en México, el año pasado, al anuncio del tributo, el porcentaje descendió al 42 por ciento.
En el 2012 el porcentaje de las firmas establecidas en el país que confiaba en el sistema legal era en 53 por ciento, bajando al 45 el año pasado.
Una buena parte de las empresas mineras, se calcula un 38 por ciento, buscó el amparo de la justicia frente a la disposición fiscal.
En su alegato las firmas señalan que la imposición de los tributos sobre derechos de extracción inhibe los apoyos que se otorgan a las comunidades aledañas a las minas para mejorar el entorno.
Sin embargo, éstos los ofrecen básicamente las firmas nacionales, aunque con algún chispazo de las multinacionales.
De acuerdo a la exposición de motivos de la reforma a la ley, los tributos servirán justo para crear un fondo de apoyo a las comunidades circundantes.
¿FIN AL BUEN FIN?
En su ofensiva final para modificar en el Senado la minuta enviada por la Cámara de Diputados sobre la propuesta de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, las cúpulas empresariales hablan de que el escenario coloca en peligro la promoción mercantil anual denominada Buen Fin.
Bajo el nuevo escenario, concretamente la fracción VII del artículo 56, se plantea castigar a las empresas que vendan por debajo de sus costos, al considerar que apuntan a desplazar a la competencia, lo que cancelaría las llamadas liquidaciones o las promociones como la que se realiza a la vera del puente del 20 de noviembre.
La preocupación apunta también a que la posibilidad de reincidencia, que se castigará con una multa equivalente al seis por ciento de los ingresos anuales de una empresa, no señala en específico a que se caiga en la misma falta, lo que abre la puerta a que la guillotina se active con un litigio menor.
Dicho con todas las letras, una empresa podría ser reincidente tras ser condenado por una práctica monopólica absoluta o relativa, cuando se le acuse de negativa de trato a la clientela.
En paralelo, se habla de que el ordenamiento deja un gran espacio de discrecionalidad a la Comisión Federal de Competencia en casos como barreras a la competencia y libre concurrencia.
AZCÁRRAGA EN NUEVA YORK
Hace unas semanas, interrogado por el paradero de su hermano Gastón, Juan Pablo Azcárraga Andrade, quien lo sustituyó en la presidencia del Grupo Hotelero Posadas señaló que tenía dos años que no sabía de él.
Sin embargo, el columnista tiene informes de que el empresario acusado de lavado de dinero está en Nueva York, desde donde mantiene comunicación con su familia, vía su secretaria, Gabriela Gómez.
Azcárraga presentó una solicitud de amparo sin la posibilidad de la suspensión provisional del acto reclamado, según ello sólo para presentarse a declarar sin ser detenido.
CÓNCLAVE DE CONCRETEROS
A partir de mañana se reúne en Monterrey el pleno de la Asolación Mexicana de Concreteros Independientes encabezado por Fernando Luna.
El organismo, a contrapelo del Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, ha manifestado su apoyo a la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, señalando que impulsaría las inversiones y le dará mayor dinamismo a la industria.
Según su cálculo, el marco provocaría una disminución de precios de hasta 40 por ciento al desmantelarse mercados coludidos.
El optimismo habla de impulsar el crecimiento económico del país en 2.5 por ciento.
La industria genera 36 mil millones de pesos anuales.
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