¿Es justificable la pena de muerte en tiempos cuando se debate el derecho a la vida de todos los seres humanos incluyendo lo que están en gestación?
¿Realmente se logra algún beneficio para la sociedad al ejecutar a un delincuente que cometió un crimen grave?
Estas y otras preguntas rondan en el aire al conocerse la noticia de la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas, realizada el pasado miércoles en la prisión de Huntsville, en Texas.Se trata del décimo segundo reo mexicano que muere ejecutado en Estados Unidos desde 1926, los dos primeros murieron en la silla eléctrica mientras que el resto por inyección letal.
El mayor número de los conciudadanos han sido procesados en Texas lo que ocasiona constantes protestas de la comunidad hispana además de serias sospechas por racismo.
Apenas el pasado mes de enero Edgar Tamayo Arias sufrió la pena de muerte en la misma prisión por haber asesinado a un policía en la ciudad de Houston en 1994. Tamayo tenía 46 años al morir y apenas 18 cuando cometió el crimen que lo mantuvo casi treinta años en prisión.
Sólo dos mexicanos se han salvado de una ejecución luego de ser sentenciados a la pena de muerte.
El primero fue Ricardo Aldape Guerra, liberado en abril de 1997 luego de una batalla legal y mediática que orilló a un tribunal de Texas a suspender su ejecución por irregularidades en el proceso judicial. Irónicamente Aldape murió cuatro meses después en un accidente carretero tras convertirse en una celebridad en México.
El segundo fue Mario Flores cuya ejecución fue suspendida por el estado de Illinois en 2013.
En Estados Unidos la pena de muerte es permitida en 32 estados, pero no todos la aplican con el rigor y frecuencia que el estado de Texas. El año pasado Texas fue el primer estado en número de ejecuciones con 16 mientras que en Florida se contabilizaron siete.
En California la pena de muerte volvió a legalizarse en 1978, pero sólo ha sido aplicada en 13 ocasiones, la última ocurrió en el año 2006 durante el gobierno de Arnold Schwarzenegger.
Los crímenes cometidos por Edgar Tamayo y Ramiro Hernández fueron muy graves de ahí que hayan merecido la pena capital.
Tamayo ultimó de tres tiros a un policía que lo llevaba a prisión luego de haber sido arrestado por un asalto. En tanto Hernández asesinó a su patrón Glen Lich en un rancho de Texas e inmediatamente después violó a la esposa. Posteriormente mató a un guardia carcelario.
En otras latitudes de la Unión Americana suceden con cierta frecuencia casos similares e incluso peores en donde no se aplica la pena de muerte.
John Albert Gardner ultrajó y asesinó en febrero de 2009 a una joven de 14 años en Escondido, California, y un año después repitió su terrible crimen con una chica de 17 años en el poblado Poway. Pero Gardner no recibió la pena de muerte porque aceptó su culpabilidad y confesó el lugar donde enterró a sus víctimas.
Lo mismo ocurre con narcotraficantes y otros delincuentes de alta peligrosidad que con subterfugios legales y por su capacidad económica escapan a la pena capital.
En los casos de Edgar Tamayo y Ramiro Hernández se presentaron duras críticas y protestas por sendos fallos. La Embajada de México y Amnistía Internacional alegaron que hubo violaciones en el proceso y que la ejecución debió ser suspendida.
Lamentablemente el gobierno de México, al igual que ocurre cuando inmigrantes son acribillados al cruzar la frontera, no ha emprendido una defensa digna y efectiva a favor de nuestros paisanos.
Para colmo estos casos reciben tanta difusión allende de Bravo que provocan en los anglosajones el aumento de prejuicios y sentimientos contra la comunidad hispana ya de por sí maltratada en estados fronterizos como Texas y Arizona.
Habrá entonces que emprender una batalla para evitar futuras ejecuciones de mexicanos habida cuenta que existen más de 70 hispanos sentenciados a pena de muerte y en espera de recibir la inyección letal.
Pero, cuidado, porque si la campaña no es firme y efectiva, los resultados serán contraproducentes.
APUNTE FINAL
Tamaulipas apunta a ser el siguiente Michoacán nacional, en los últimos días la ciudad de Tampico acumuló 28 homicidios. ¿Y qué estado seguirá después?
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