México continúa transformando su marco institucional en la búsqueda de consolidar la democracia y el Estado de derecho. Hemos dado un paso trascendental con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado por el presidente Peña Nieto el 4 de marzo. Con este ordenamiento se cumple con lo establecido en la reforma constitucional de 2008, que cambia el paradigma del proceso penal de tipo mixto, al establecer las reglas de un modelo procesal penal de corte acusatorio que dará mayor confianza y certeza jurídica a los ciudadanos.
Este Código es trascendente, además, porque es válido en todo el territorio nacional y abroga los códigos de los 31 estados y el del Distrito Federal, así como el Código Federal de Procedimientos Penales vigente. Esto permitirá que la investigación y el procesamiento de delitos se lleve a cabo al amparo de las mismas reglas en todo el país. La fecha límite para que este ordenamiento legal entre vigor en todo el país, es el 18 de junio de 2016.
El nuevo Código establece los principios del sistema penal acusatorio que, entre otros, comprende la oralidad de los juicios, con lo cual se da mayor transparencia a los procesos de impartición de justicia. El objetivo es evitar demoras en la resolución de los casos.
Se establecen las competencias de los distintos actores del proceso penal, obliga a métodos de investigación previa con bases científicas y se protegen los derechos de las víctimas y de toda persona sujeta a proceso penal. A su vez, se asegura el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las partes, ofendido e imputado.
Estos cambios aseguran los derechos al ciudadano y garantizan, entre otros, los principios de presunción de inocencia y respeto al debido proceso, con lo que nadie sería culpable hasta que no exista sentencia que así lo señale.
La promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a las instituciones encargadas de la procuración, impartición de justicia y seguridad pública, a establecer los programas de capacitación de ministerios públicos, jueces, policías ministeriales, defensores y peritos, a fin de estar preparados para operar las reglas del nuevo sistema penal acusatorio.
De esta forma, el Estado mexicano ofrece una respuesta a los desafíos que vive nuestro país en materia de procuración e impartición de justicia. La norma procesal única propicia las condiciones para combatir la impunidad y la corrupción, brinda, además, mayores herramientas a las autoridades para procurar e impartir una justicia pronta y expedita, un derecho de todos los mexicanos amparado por la Constitución.
El gran reto que tenemos es lograr que todos los estados de la República, incluso la Federación, realicen las acciones necesarias para adaptar sus sistemas de procuración e impartición de justicia a la nueva legislación, en el tiempo establecido como plazo. De esta manera se brindará a los ciudadanos las mismas garantías en un proceso penal.
Los beneficios que trae la reforma deben llegar a todas y todos los mexicanos, con independencia de la entidad en que radiquen.
Para ello, en el Congreso de la Unión generamos los consensos y los acuerdos necesarios entre las distintas fuerzas políticas nacionales, además de propiciar un proceso abierto de discusión en el que consideramos a dependencias, académicos y sociedad civil. Así, logramos todos este paso histórico. Un hecho sin precedente, aunque bien lo expresó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, la sola modificación de las leyes nunca es suficiente. Se requiere un cambio cultural pleno, ya que de esa forma, a mediano y largo plazo, podrá darse la verdadera transformación que buscamos.
El presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido a realizar los cambios estructurales que el país necesita, y este Código Nacional de Procedimientos Penales sienta las bases para fortalecer los procesos de procuración e impartición de justicia en México.
Senadora de la República
