Es un hecho que en breve dos instituciones clave para la vida democrática cambiarán de integración. A más tardar mañana sabremos si los cuatro comisionados del IFAI en funciones -Arzt, Laveaga, Pérez-Jaén y Trinidad- permanecerán en sus cargos y, de cualquier manera, en las próximas semanas la composición de esta autoridad de garantía pasará de cinco a siete comisionados. Casi en paralelo se renovará el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones que, según los promotores de la reforma que le dio origen, es solamente un IFE reforzado. Más allá de las dudas y molestias que despierta esta valoración, lo cierto es que también en ese caso el Consejo cambiará de composición y ahora se integrará por once -y no por nueve- miembros.
Estas decisiones han generado polémica e, inevitablemente, especulaciones e incertidumbre. No podía ser de otra manera porque se trata de autoridades que ejercen funciones políticamente delicadas. Pero lo que ahora me interesa advertir es que los reemplazos también han provocado un fenómeno asimétrico y contrastante. Mientras diversas voces de la opinión pública han lamentado la renovación en el caso del INE y han cuestionado que no se haya ratificado en automático a los consejeros en funciones garantizando su permanencia; otras voces y en particular 25 OSC dedicadas al tema de la transparencia han sostenido que "la conformación actual del Pleno (del IFAI) no es pertinente" por lo que demandan al Senado un #NuevoIFAI.
Vale la pena indagar posibles causas de esta disonancia. Dejo de lado las valoraciones sobre el perfil, la personalidad y la trayectoria de los consejeros y comisionados porque sería inevitable incurrir en apreciaciones subjetivas que poco aportan al debate público. Lo que me interesa es cotejar algunas decisiones políticas que pueden explicar, al menos en parte, el juicio divergente.
Cuando en enero de 2013 cambió la Presidencia del IFAI y ya gravitaba en el ambiente la aprobación de una importante reforma constitucional en materia de transparencia, los comisionados desencadenaron un conflicto interno. Sus diferendos impactaron al interior y trascendieron al exterior del Instituto lastimando de manera irreparable la imagen institucional y echando por la borda años de prestigio acumulado. Desde entonces, según las organizaciones que rechazan su ratificación, "las y los comisionados actuales han perdido grandes oportunidades para maximizar la protección del derecho de acceso a la información".
En contrapartida, en octubre de ese mismo año, cuando el entonces presidente del IFE y tres consejeros concluyeron sus encargos y también cobraba fuerza la idea de una nueva reforma electoral, los cuatro consejeros restantes -Baños, Córdova, Marván y Nacif- decidieron cerrar filas, implementar una presidencia rotativa, lanzar un mensaje de cohesión hacia el interior del Instituto y fijar una posición común ante los cambios que se avecinaban. Con ello lograron ganar el reconocimiento de la opinión pública, inyectar certidumbre interna y abrir canales de comunicación con legisladores y gobierno. Por eso, expertos como J. A. Crespo, han sostenido que "removerlos anticipadamente (es) tan insensato como injusto".
La lección cae por su propio peso. En tiempos de cambio e incertidumbre la brújula de los servidores públicos debe ser la responsabilidad institucional, la altura de miras y, sobre todo, anteponer la ética de la responsabilidad sobre la ética de las convicciones. Weber sigue siendo una buena guía. Después de todo lo que está en juego no es la trayectoria de las personas sino la consolidación de las instituciones y, junto a ellas, la garantía de nuestra democracia y de nuestros derechos.
