La verdad es que el valor de la justicia no se nos da como mexicanos. Desde los tiempos del Virreinato cuando la Corona Española dominaba estas tierras, la justicia fue privilegio en provecho de unos cuantos y si eran poderosos, mucho mejor. Desde aquellas fechas cuando los voluminosos expedientes judiciales tenían que cruzar el Océano Atlántico hasta la Corte de Indias en Sevilla, hasta el día de hoy, los mexicanos no hemos podido lograr un sistema judicial capacitado, libre, apegado a la ley y celoso de una administración de justicia igualitaria y confiable.
Nuestro Ministerio Público, tanto a nivel federal como local, ha venido siendo simple caricatura de lo que debe ser un sistema persecutor de los delitos y de un celoso procurador de la justicia, como lo dice su propio nombre.
Tenemos un sistema persecutor de los delitos que francamente no sirve para nada y no precisamente por sus titulares o representantes. Se trata de una institución que viene arrastrando desde tiempos inmemoriales indolencia, desidia y lo que es más grave: una carencia total del espíritu justiciero que debería ser norma rector de su actividad; por el contrario, es una muy eficaz institución para fomentar la corrupción y la impunidad.
El estado mexicano no ha querido proveerlo de los recursos materiales, técnicos y humanos que en cualquier otro país medianamente civilizado se les da, para poder cumplir con sus delicadas funciones. Los gobernantes no le han querido reconocer la importantísima función que desarrolla en la sociedad, por lo que históricamente lo trata como una dependencia de segunda clase.
La institución del Ministerio Publico es el brazo armado del estado, pero en la actualidad no cuenta ni con hojas de papel Bond para levantar las actas de las denuncias, menos recursos tienen para salir a la calle e investigar un delito.
De los más de 60 mil homicidios dolosos que se han cometido en el país durante los últimos ocho años con motivo del crimen organizado y también del desorganizado, quizá hayan sido investigados y procesados penalmente ante un juez no más de cien. Quedan por aclarar y castigar 59,900 homicidas que se pasean campantes y contentos por calles y avenidas.
El moderno Ministerio Público se ha convertido en el coleccionista más grande del mundo de casquillos percutidos, pues recogerlos del lugar de los hechos parece ser su única función en el esclarecimiento de los asesinatos.
Tenemos ejemplos recientes de ladrones con violencia en domicilio y además violadores seriales, que salen y entran de las cárceles porque el Ministerio Público no sabe hacer su trabajo. Se anuncia que el M. P. está esperando sentado comparezcan las violadas para seguir investigando, a sabiendas que este delito necesita como prueba fundamental la coincidencia del semen del violador encontrado en la vagina de la violada con su ADN, prueba ya imposible de conseguir después de los días que han pasado desde la violación.
Por otra parte, los gigantescos defraudadores de Oceanografía son acusados por delitos clasificados en la ley de no graves y salen pagando una fianza millonaria; y así podríamos seguir hasta el infinito.
Todo esto tiene como consecuencia que la percepción del imaginario colectivo en nuestra sociedad está cierto, y con toda razón, que tenemos un país de bribones que jamás serán castigados por la ley.
Como consecuencia de esa percepción del imaginario colectivo, la sociedad procede a crear sus propias defensas, tales como cerrar calles, armarse los vecinos, linchar en los barrios a delincuentes o quemar y golpear policías.
Es de hacer notar que las protestas callejeras, bloqueos, marchas, etc., no son precisamente por el hambre que sufre la población pauperizada. Todos estos movimientos son protestas consecuencia del hartazgo de una nula administración de justicia y la creciente impunidad que reina en el país.
Los focos rojos están prendidos.
