La más cara potestad y cualidad gubernativa del ciudadano es la conducción autónoma de su ciudad; esto implica capacidad para la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, fiscalizadora y ejecutiva de su inmediato entorno. La constitución Política vigente de México ampara ese derecho comunal en el Artículo 115. Ella establece el criterio de "Municipio libre"; el cual posee entre otras facultades: administrarse a través de un ayuntamiento formado y electo por auténticos vecinos de la urbe; real autonomía y carencia de autoridades intermedias entre éste y el Gobierno del Estado en que está enclavado; posee personalidad propia y administra su patrimonio libremente, sin entregarlo a otra instancia. Ninguna autoridad es tan sensible a la problemática ciudadana como un municipio auténticamente gobernado por sus integrantes, ya que siendo ellos su componente esencial, se autogobiernan y autolegislan, es decir, auténtica autarquía funcional aplicable a una población ejemplar.
La figura del municipio libre ha existido a lo largo de la historia: Desde Babilonia, Atenas y Esparta en la Grecia clásica, hasta la Roma republicana. El sentir antiguo era que la ciudad significaba lo más apasionante para el habitante de ella, la que exigía lo mismo sacrificios que ofrecía glorias y por la que crecía el talento, el arte y la guerra misma. Municipio y Ayuntamiento están íntimamente ligados, no puede existir uno sin el otro; en el México prehispánico existió el Altepetl, tipo de municipio libre, gobernado por un Tlatoani, quien era electo, no impuesto; el Altepetl a su vez estaba integrado por Calpullis, donde su dirigente, el "Calpulec", también era electo por sus concalpulenses y se auxiliaba por el consejo de ancianos; algo así como el actual alcalde y el cabildo. Recordemos que la primera acción de Hernán Cortés en el territorio que más tarde sería la Nueva España, fue crear el Ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz, al que dio absoluta autonomía, misma que encontramos en 1808, cuando Francisco Azcárate y Francisco Primo de Verdad intentan la separación de virreinato con la España Bonapartista y, tal vez, consumar una primitiva independencia. Pero es importante destacar que durante la colonia hubo ayuntamientos indígenas con poder recaudatorio, evangelizador y hasta penal. En el plan de Iguala, Iturbide, al consumar la independencia, reconoce la autonomía de los ayuntamientos y no limita su capacidad gubernativa. En Europa lo encontramos en la Revolución Francesa cuando la asamblea constituyente revolucionaria establece el "pouvior municipal" a fines 1789; de ahí se traslada a la España liberal que le cobija dentro de la Constitución de Cádiz; ideal que luego se traslada a las constituciones mexicanas; primero en la de Apatzingán de hace dos siglos; luego en las leyes de 1836 que determinan su elección popular, y toma robustez como autónomo en las de 1857 y 1917. Es por ello que podemos presumir que el municipio libre está enraizado fuertemente en el sentir del mexicano y debe subsistir para consolidar la emancipación ciudadana.
Destruir la autonomía municipal es aniquilar la mayor cercanía del gobierno con el pueblo y permitir la tiranía estatal y federal sobre la sociedad civil; es regresar al régimen monolítico, autoritario y controlador en todos los aspectos de la vida política. Significa centralizar el poder y acabar con toda autoridad ciudadana, así como privar a la comunidad de opiniones y criterios.
En los últimos meses y días hemos vivido dos fuertes atentados a la soberanía municipal: Justo en estos días en que se ve que en muchas partes del mundo existen regiones que están pidiendo su autonomía de naciones a las que por siglos han pertenecido, el gobierno de Saltillo que se autodenomina de "Coahuila" va en sentido contrario a toda velocidad y doblega a un municipio al que ya ha sojuzgado en los hechos y ahora, gracias a una autoridad municipal sumisa, cortesana y prostituida por el servilismo, le entrega el recurso más importante de ella: el impuesto predial.
En Coahuila, el sunami de la megadeuda ahoga a todo el estado y por ello es indispensable obtener recursos de donde sea. Si bien es cierto que jurídicamente es factible el acuerdo para el cobro del impuesto predial por parte del estado sobre el municipio libre, éticamente es inadmisible que se prive a este de su capacidad económica, toda vez que bajo el principio de que "el que paga manda", proveedores, empleados y hasta autoridades municipales no verán el ejercicio del poder en el ayuntamiento sino en el ejecutivo estatal y con ello, se romperá todo equilibrio que si bien, en esta triste entidad ya era bastante endeble, ahora definitivamente habrá desaparecido.
La entrega sumisa de esta recaudación se da con la anuencia y hasta complacencia del ayuntamiento que preside Miguel Riquelme, quien está de acuerdo con todo esto porque a él no le interesa ni la ciudad ni el pueblo de Torreón, a él le interesa ser "el delfín" de Rubén Moreira, ya se siente el futuro gobernador y por ello está dispuesto a sacrificar a nuestra metrópoli; no le debe nada al pueblo, quien lo eligió y designó manda en Saltillo, es al único que debe rendir cuentas y obedecer; los demás ni le importan, ni le inquietan y ni los hace en el mundo.
Por otro lado, en la peor catástrofe de nuestra patria en las últimas tres décadas, el mandatario federal decide que acabará con la inseguridad a través de dos acciones ejecutivas que vulneran abiertamente la libertad municipal y que representan a un funcionario carente de imaginación; mismo que si fuera médico, decidiría amputar antes que curar algún miembro enfermo. Quiere que se legisle que cuando en un municipio se presuma que ha sido infiltrado por el crimen organizado, la federación asumirá el control de la seguridad de este, lo que acabará, lógicamente, con su autonomía y segundo: la desaparición de las policías municipales, comprendida, lógicamente, la de Torreón. Razonamientos inaceptables: que están infiltradas por el crimen organizado; sí señor, todo mundo lo sabe, por eso es "organizado" lo que le falta al gobierno; pero de ahí a desproteger a la ciudad, a vulnerar su soberanía, a privar al ayuntamiento de la fuerza policial que le debe dar sustento legal, es atacar la inteligencia popular, es no respetar las potestades ciudadanas, es acabar con siglos de derecho municipal.
