Revisión. La EASE reconoce que no hay una revisión de las declaraciones patrimoniales que presentan los servidores públicos.
Para inhibir la corrupción en México, y en cada entidad federativa en lo particular, una medida que ha sido considerada como viable por parte de investigadores y organizaciones de la sociedad civil, es hacer que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de cada estado sean consideradas como información pública de oficio.
Al hablar sobre este tema, el consejero presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), Héctor Carriedo Sáenz, comentó que técnicamente esto es posible dados los avances tecnológicos; e incluso es un asunto que fue recomendado en la Auditoría Superior de la Federación 2011, instancia que consideró que un monitoreo más exhaustivo de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, sería un mecanismo de inhibición de la corrupción.
Refirió que hay un área de la Secretaría de la Función Pública que hace la revisión de las declaraciones, pero no es suficiente, por lo que también debiera someterse a la lupa ciudadana y de los medios de comunicación.
Dijo que es una propuesta que se ha hecho de manera reiterada por parte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip) para que, por lo menos las declaraciones de los principales servidores públicos y de funcionarios cuyos cargos sean susceptibles a sobornos, sean públicas.
Adicionalmente, hay académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que también están empujando la propuesta, lo mismo que organismos de la sociedad civil tales como Fundar, Artículo 19 y México Infórmate.
Todos coinciden en la necesidad de que los servidores públicos estén sujetos al monitoreo de su patrimonio.
Sin embargo, reconoció el funcionario, este es un planteamiento que no ha madurado, ni si quiera está en la agenda de la Ley General de Transparencia.
