Muy convulsa ha estado la semana en la política coahuilense. La entrega intempestiva del señor Javier Villarreal, operador principal financiero del gobierno del profesor Moreira en la ciudad de El Paso, Texas, a las autoridades norteamericanas, vino a trastocar el sendero que el moreirismo II se tenía planteado para enfrentar las elecciones con miras de renovar el Congreso local.
En indudable, que el efecto que trae consigo que el señor Villarreal esté ya recluido será un factor en influirá directamente en el devenir de las decisiones y acciones que tomará el gobierno del licenciado Rubén Moreira, siempre y cuando, el hoy inculpado por lavado de dinero y fraude bancario en los Estados Unidos, decida revelar cómo se operaron las desviaciones de fondos de las arcas coahuilenses, peor todavía para la causa oficial, que Villarreal ventile el mecanismo que utilizaron para contraer empréstitos de manera ilegal, falsificando documentos, entre ellos, los concernientes a las autorizaciones que el Congreso hubiese tenido que otorgar.
Sin embargo, aun con la entrega del tamaulipeco, no ha cambiado mucho el derrotero de los nombres y posiciones que se están repartiendo entre los gobiernos de los hermanos Moreira, ya que el hoy detenido Villarreal, pieza fundamental en todo el megafraude de la multimillonaria deuda estatal, no ha sido todavía factor alguno para que los planes sean trastocados. Tan es así, que el gobernador constitucional de Coahuila, Rubén Moreira, ha decidido que su partido postule a 3 de los 22 diputados que legalizaron el atraco que sufrió el pueblo de Coahuila, así que Francisco Tobías Hernández, Verónica Martínez y Shamir Fernández, serán nuevamente beneficiados con tres años más de poder y dinero, vía diputaciones.
Estas tres candidaturas son apenas un botón, porque si se mira bien, además de Hernández, Martínez y Fernández, miembros de aquella funesta legislatura, muchos de aquel grupo no han sido en lo absoluto desdeñados u abandonados por el régimen actual. Hoy 3 exlegisladores locales, ocupan 2 curules en San Lázaro (Cámara de Diputados Federal) Salomón Juan Marcos y José de las Fuentes (este último estaba perfilado para ser alcalde nuevamente de Saltillo, pero cayó derrotado por el PAN) y un escaño en el Senado, propiedad de Hilda Flores.
Enrique Martínez y Morales, hijo del exgobernador y actual Secretario de Agricultura y Ganadería Federal está de delegado de la Secretaría de Economía en Nuevo León. El lagunero empresario Jaime Russek ocupa ahora la dirección de Desarrollo Económico de Torreón, en tanto don Salvador Hernández Vélez es secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila. Jorge Sepúlveda es alcalde del municipio de Castaños, en tanto Cristina Amezcua acaba de concluir su puesto de regidora en Monclova. Verónica Boreque es titular del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, (en este caso, hay que hacer énfasis que los que los priistas hacen con su partido al interior, es una decisión que sólo les compete a ellos mismos), Jesús Contreras Pacheco es presidente del Partido Primero Coahuila, satélite del PRI y el excoordinador de la Comisión de Finanzas en el Congreso Coahuilense Jesús Mario Flores es el jefe de la oficina de Recaudación de Rentas en Piedras Negras.
Así entonces, de aquellos 22 diputados de entonces que decidieron que los coahuilenses pagáramos por 20 años un fraude, 14 de ellos continúan en la esfera pública, prueba inequívoca que el gobierno no vio con malos ojos que hayan legalizado el desfalco al estado.
Pero la cosa no para ahí, porque el municipio del Torreón cada vez demuestra que no es otra cosa que una mera sucursal del grupo de poder que ha gobernado al estado desde 2005. Tan es así, que luego de la funesta administración de Eduardo Olmos, el alcalde actual Miguel Riquelme decidió darle continuidad a algunos de los funcionarios del gobierno municipal pasado, como lo son David Fernández, que fue ratificado como director de Servicios Públicos; Mario Cepeda, pieza clave el ardid que tiene a Simas al borde de la quiebra, lo nombró al frente de Desarrollo Social; Martha Rodríguez, regidora panista del ayuntamiento 2010-2013 fue premiada por su acción con la cartera de Atención Ciudadana; Luis Campos migró del departamento de Transporte a Informática; Javier Herrera, quien quedó como encargado de despacho cuando el entonces gerente de Simas, Jorge Campos abandonó la institución dejándola hecha un desastre, es hoy el flamante líder de la paramunicipal.
La lista parece interminable, pero son demasiados ya los elementos que ratifican que no hay ninguna renovación, son casi los mismos, más allá de que sean buenos o malos, son los mismos. Si alguien pudo pensar que Miguel Riquelme tendría un amplio margen de maniobra para decidir libremente en su alcaldía se equivoca, porque ahí están los equipos de trabajo, que son muy parecidos, lo que da a pensar que Riquelme realmente no cree que la administración pasada fue lamentable (por decir lo menos) o que el grupo de trabajo, es más amplio que la esfera municipal y hay que alinearse a los dictados de Saltillo.
Antier se nombró a José Elías Gánem como director de Prevención del Delito. Gánem fue de los regidores consentidos de Eduardo Olmos, y presidió en el cabildo anterior la comisión de seguridad, a la cual en 4 años citó una sola vez. Su comportamiento por decir lo menos, fue más que estridente. Sólo le tomó 49 días volver a estar dentro del gobierno.
Los nombres y las historias ahí están, vienen ya las elecciones para renovar Congreso local, nueva oportunidad democrática de premiar o sancionar a quienes nos gobiernan. El problema mayúsculo para el ciudadano de a pie es que si no le gusta o no le parece quienes hoy detentan el poder municipal y estatal (son los mismos) sus opositores hoy no son opción de mejora real. Ni a quien irle.
