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Ni Telmex ni Televisa

Empresa

Alberto Barranco

Polarizada la discusión sobre la propuesta del Ejecutivo en materia de leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, en la perspectiva de mano dura contra América Móvil y laxa frente a Televisa, cuyo equilibrio en el papel sería quitarle a una y ponerle a otra, se está dejando de lado el punto fino del objetivo: beneficiar a los consumidores.

En el análisis objetivo de la propuesta, al margen del dictamen de los inversionistas del mercado bursátil que castigan a la acción de la firma del magnate Carlos Slim y premian a la de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, sí existen condiciones para un mejor escenario de cara a la clientela. De entrada, se termina el ardid de Telcel de bloquear la posibilidad de línea de los aparatos cuando el usuario decida cambiarse de proveedor.

Más allá, aunque el barco tocará tierra en tres años, se eliminarán los cobros de larga distancia en telefonía fija y móvil, cuya razón técnica se ha desvanecido ante el avance de la propia tecnología. Adicionalmente, se elimina el monopolio como proveedor de Teléfonos de México en el área de servicio local. En el marco, además, se otorgan mayores facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor para vigilar a las empresas del ramo en materia de estándares de calidad, precio y demás condiciones establecidas por la reforma.

La posibilidad habla de establecer líneas para garantizar neutralidad en las redes con exigencias como la libre elección, la no discriminación y la privacidad de los usuarios. El nuevo escenario de alguna forma lo había previsto un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fechado en el 2012.

La conclusión hablaba de que los abusos de las empresas hegemónicas le costaban a los consumidores el equivalente al 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

Desde el plano de la preponderancia, léase calidad monopólica, dictada contra Teléfonos de México, Telcel y Televisa, se le dan facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para obligar a éstas a competir con mejores precios y calidad en el servicio. En el caso concreto de Televisa, se abre la alternativa para que las dos cadenas de televisión abierta que surjan puedan utilizar su capacidad instalada. En el de Telcel, se le cancela la posibilidad de cobrar por interconexión, lo que abre la competencia efectiva a un horizonte en que se desincentivaba el tráfico, desplazando a los competidores. Como usted sabe, la firma utilizaba dos pesas y medidas frente a los usuarios de la competencia y los propios. Para unos tarifas chiquitas; para otros grandes. Tampoco se podrá discriminar entre llamadas de usuarios de la red de la compañía y las de otras firmas, en cuyo caso se alargaba la posibilidad de conexión: -Estamos localizando el teléfono… En el prisma, la competencia podrá realizar ofertas similares a las de la firma hegemónica. Como usted sabe, las nuevas reglas exigen a Telmex y Telcel someter a autorización las tarifas y paquetes que se pretenden comercializar, para evitar, justo, la posibilidad de desplazamiento indebido de la competencia. En el círculo, Telcel está obligado a prestar el servicio de roaming nacional a los competidores, es decir, la posibilidad de llamadas desde cualquier parte de la República, beneficio que antes privaba sólo para sus usuarios.

El costo, según el nuevo marco jurídico a consideración del Congreso, deberá ser "razonable".

Desde otro ángulo, las medidas de desagregación de las redes de las empresas preponderantes le abren la alternativa a la competencia de utilizar la infraestructura, es decir, la columna vertebral, sin necesidad de crear la propia. En paralelo, la exigencia de eliminar las exclusividades le pega desde ángulos distintos a Televisa y Telcel. La primera no podrá exhibir en sus canales eventos relevantes sin la participación de la competencia. La segunda no podrá ofrecer marcas de móviles sólo para su clientela.

Ahora que de pasadita se mete en cintura a los integrantes del pleno del Ifetel. De entrada, se les fijan reglas claras para su relación de cara a las reguladas, evitando acuerdos y negociaciones al margen de la ley.

Más allá, se establecen causas concretas de responsabilidad que podrían provocar su remoción.

Y aunque se abre la posibilidad de que el Presidente de la República solicite darle prioridad a algunos asuntos, se especifica que sólo será posible cuando se justifique la urgencia por motivos de interés social y de orden público. Las sesiones del organismo deberán ser transparentes, aunque respetando la privacidad y confidencialidad previstas por la Ley.

La exigencia es piso parejo. Ni Telmex ni Televisa.

BALANCE GENERAL

Las señales apuntan a que la mano negra de la Secretaría de Energía le restará un trozo del pastel que pretende mantener Petróleos Mexicanos a la llegada de la apertura para la competencia privada nacional y extranjera.

La idea es retirarle de su propuesta en la llamada ronda cero los campos en aguas profundas, lo que le restaría potencial a la aún paraestatal, abandonando proyectos que estaban en vías de ejecución.

Las multinacionales, pues, tendrían la mesa puesta.

Como usted sabe, aunque el escenario plantea un posible acaparamiento, Pemex está planteando quedarse sólo con el 31 por ciento del total de recursos prospectivos del país, lo que incluye el 24 por ciento de posibles depósitos en aguas profundas.

En la guillotina se plantea quitarle la posibilidad de explotación de nuevos yacimientos de gas en la cuenca norteña de Burgos.

Kramer contra Kramer.

 FOCOS ROJOS EN BANAMEX

Aunque aún no finaliza la investigación que se realiza desde su matriz, el Citigroup, la explicación de Banamex sobre el fraude que le atribuye a la empresa Oceanografía por un monto de 400 millones de dólares, apunta simple y llanamente a que sus funcionarios se confiaron ante la garantía que ofrece el gobierno frente a deudas de empresas paraestatales.

Dicho con todas sus letras, no tenía caso verificar si Petróleos Mexicanos reconocía la operación de factoraje, es decir, la validez de los contrarrecibos exhibidos por la empresa de Amado Yáñez Osuna, dado que si la firma pública no pagaba, el Estado lo haría.

Se habla de que los documentos que resultaron falsos los entregó personalmente el propio accionista mayoritario de la compañía en el banquillo.

Y ni modo de que el "señor" se prestara a cochinadas.

El problema es que no sólo bancos comerciales privados cayeron en la trampa, también el Banco Nacional de Comercio Exterior, a cuyos funcionarios no se está investigando por presunta complicidad.

 TAMBIÉN LOS BANCOS

Con la entrada en vigor de la reforma financiera el Banco de México endurecerá la presión sobre los seis bancos más importantes del país para evitar que sigan monopolizando las cámaras de compensación, lo que les permite acaparar la expedición de tarjetas bancarias.

De acuerdo al cálculo del Instituto Central, el país enfrenta un rezago de 52 por ciento en la posibilidad de emisión de plásticos.

Bajo el nuevo escenario, los usuarios podrán cambiar de banco emisor, conservando sus estados de cuenta, lo que en el papel incrementaría la competencia.

La idea es bajar los costos de transacción, liquidación y compensación en beneficio no sólo de los usuarios, sino de las empresas que reciben los plásticos.

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