Bajo el argumento de "notoriamente improcedente", el gobierno de México está tratando de derribar un procedimiento abierto por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos sobre una supuesta amenaza de daño a los productores locales de azúcar, bajo el supuesto de que las exportaciones de nuestro país llegan con precio inferior al mercado de origen
La práctica, conocida como "dumping", se habría realizado vía subsidios del gobierno, quien mantiene el control del 20 por ciento de la producción nacional, vía los ingenios que le fueron expropiados al Grupo Azucarero Escorpión, que pertenecía a Enrique Molina Sobrino.
La denuncia la planteó el 20 de mayo pasado la American Sugar Alliance, con la pretensión de que se imponga una cuota compensatoria a los envíos nacionales, para equilibrar al mercado.
Aceptada la querella, la semana pasada se realizó una primera audiencia en la que los representantes de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, rechazaron los cargos.
Las instancias están representadas por el despacho de abogados Greenberg Trauring.
De acuerdo a los denunciantes, en los últimos meses se ha multiplicado la exportación mexicana del dulce, alcanzando al 31 de marzo pasado un millón 150 mil toneladas, es decir la mitad de los 2.3 millones previstas para este año.
De mantenerse el ritmo, se llegaría a las 500 mil toneladas adicionales, con la consiguiente pérdida para los productores locales.
Por las dudas, pues, habría que frenar la catarata.
Lo cierto es que el fenómeno es pasajero. Se deriva de dos factores que golpearon por doble flanco a los productores nacionales. El primero, una cosecha récord de caña de azúcar que derivó en una producción extraordinaria de azúcar refinada, superior con mucho a la demanda interna.
El segundo es la existencia de "cupos", es decir posibilidad de importar sin arancel o impuesto de importación al calce, el dulce de países centroamericanos, principalmente Costo Rica.
Los productores, pues, buscaron darle salida a los excedentes para equilibrar el precio del mercado, en un escenario en que de éste depende no sólo la ganancia de los propietarios de ingenios, sino de los propios cañeros.
El hecho es que la Secretaría de Economía no sólo ha suspendido los cupos, sino está tratando de ubicar mercados alternativos para enviar los excedentes.
En paralelo, se está buscando aprovechar éstos para un programa extraordinario de fabricación de etanol, como oxigenante de las gasolinas o como combustible alterno.
Por lo pronto, el 12 de mayo el Departamento de Comercio de Estados Unidos habrá de determinar si el flujo y el precio del dulce representan realmente una amenaza de daño a los productores locales, en cuyo caso el proceso llegaría a las últimas consecuencias.
Éstás derivarían en la imposición de un impuesto de importación extraordinario, a título de cuota compensatoria, cuya magnitud podría ser ruinosa para la causa nacional.
Lo cierto es que bajo el escenario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, colocada en la negociación una cláusula para limitar la posibilidad de exportaciones de azúcar mexicana, y al mismo tiempo abrir la de alta fructosa, derivada de jarabe de maíz, procedente de Estados Unidos, se buscó equilibrar el mercado.
Me vendes azúcar blanca y me compras el endulzante de fabricación local.
Durante muchos años la cláusula derivó en una camisa de fuerza para las exportaciones nacionales, pese a que las exportaciones de alta fructosa de empresas como Archer Daniels Midland se multiplicaban.
De hecho, hasta el 2012 se logró que el azúcar procedente de México representara el nueve por ciento del mercado de Estados Unidos, duplicándose el porcentaje el año siguiente, lo que provocó el grito en el cielo de los productores.
Y aunque en el papel pareciera misión imposible que Estados Unidos pudiera comprobar la existencia de subsidios para el azúcar de exportación, en el escenario está la pésima administración de los ingenios que le fueron despojados a Molina Sobrino.
Pero, esa es otra historia… que ya le contaremos.
Por lo pronto, el proteccionismo del país que presume de campeón de la liberalidad, ya nos colocó otra zancadilla.
BALANCE GENERAL
Aplazada por años la posibilidad de que se le ratificaran tres órdenes de aprehensión por la vía de solicitudes de amparos "para efectos", es decir la reposición del procedimiento, la cadenita, en favor de tiempo para el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, la rompió el magistrado de Circuito, Luis Núñez Sandoval, el 22 de abril pasado.
El togado ordenó sobreseer el último juicio promovido ante el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales que estaba en vías de ejecución.
La resolución deja vigentes las órdenes de aprehensión giradas contra el dirigente en largo exilio dorado en Canadá, giradas por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF; por el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, y por el juez Décimo segundo de Distrito de Procesos Penales del DF.
Estas fueron libradas el 18 y 25 de septiembre del 2012; el 15 de diciembre del mismo año, y el 14 de marzo de 2013.
La acusación, como usted sabe, habla de malversación de un fondo de 55 millones de dólares que el Grupo México colocó en un fideicomiso del entonces banco Inverlat para prorratearse entre los trabajadores que sobrevivieron a la privatización de lo que era Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
La puntilla para Gómez Urrutia llegó ante la ausencia de representantes de éste en una audiencia constitucional convocada para las 11 horas del 11 de abril pasado.
En la oficialía de partes del juzgado tampoco había alguna misiva que justificara la ausencia, de acuerdo al acta levantada por la secretaria María del Carmen Sánchez Cisneros.
EXPRIMEN A PEMEX
Una de las razones esgrimidas por la Secretaría de Hacienda para justificar lo que algunos califican de confiscatoria Reforma Fiscal, apuntaba a que el gobierno tendría más ingresos para equilibrar la pérdida que plantearía el nuevo escenario para Petróleos Mexicanos derivado de la Reforma Energética.
Le que serán empresa de Estado ya no tributaria igual.
Como usted sabe, la aportación al fisco de ésta llego a ser del 33 por ciento del total recaudado.
El caso es que el fardo seguirá sobre sus hombros durante los próximos años, de acuerdo al borrador de la Ley Petrolera que supuestamente llegara a la mesa del Congreso, el próximo lustro, es decir hasta 2020, los impuestos a Pemex tendrían que representar el 30 por ciento de la recaudación total del país.
Esto bajará a la mitad entre 2012 y 2025, para desparecer en 2026.
A partir de entonces sólo se cobrarán los derechos de explotación que desde el año próximo se cargarán a las empresas que llegarán a la competencia.
Digamos que la firma nacional subirá al ring con una mano amarrada, con un ojo cerrado y sin protección bucal.
ROMPEN TOPE SALARIAL
En abierto desafío al tope salarial de entre cuatro y 4.5 por ciento con que se han resuelto las revisiones contractuales, el sindicato de trabajadores de Volkswagen está exigiendo un incremento de ¡16 por ciento!
A su vez, en el pliego petitorio a Teléfonos de México el sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana está solicitando 10 puntos, es decir siete en incremento directo al tabulador y tres en prestaciones.
El emplazamiento de la representación encabezada por Francisco Hernández Juárez, vence mañana miércoles, en un escenario en que la empresa ofrece sólo cuatro por ciento.
La solicitud reconoce que podría haber cambios en algunas cláusulas del contrato colectivo una vez que haya claridad en el rumbo de las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones, de cara a la afectación a la empresa.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
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