En Coahuila no se integró una comisión especial para la investigación y la información del caso de los cientos de desaparecidos en el municipio de Allende, es más, ni siquiera hubo reporte de la atrocidad de la que aún se platica con temor en ese lugar, y ahora en todo Coahuila y parte de México ha resurgido el crimen con el asunto de los estudiantes de Ayotzinapa donde el sistema político pretendía, no sé si todavía, aligerar el sentimiento ocasionado entre los mexicanos con esta agresión brutal de fatales consecuencias con la instalación de la Comisión Mixta de Seguimiento e Información para el Caso Ayotzinapa, grupo que encabeza el político José Guillermo Anaya Llamas, quien al igual que ningún otro político, no alzó la mano para siquiera requerir el inicio de una investigación por el caso de Allende. Manlio Fabio Beltrones, líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, sostiene que para hacer frente al desafío de la impunidad y la violencia, es preciso ir hacia un mecanismo que permita hacer cumplir la ley y poner un alto a la impunidad mediante las políticas públicas, pues el haber impulsado un acuerdo para combatir la inseguridad nunca prosperó. Beltrones ha señalado que México requiere una política de Estado que nos acerque a la verdadera impartición de justicia, incluso, sostiene que está harto de tanta impunidad; sin embargo, Beltrones no es más que un político más al que no se le cree.
El pasado 3 de noviembre, senadores del PRI, PAN y PRD consideraron positivo un acuerdo que involucre a todos los sectores sociales y obligue a todos los niveles de gobierno a cumplir con sus obligaciones constitucionales para garantizar el Estado de Derecho y que casos como el de Iguala no se repitan, mientras que el político Ismael Hernández Deras, explicó con investidura priísta que lo importante es estimular la coordinación plena entre los diferentes niveles de gobierno, no repartir culpas, sino repartir con toda claridad responsabilidades en el ámbito de cada una de las acciones en materia de seguridad.
En otra postura política, el 2 de noviembre pasado, PRI, PAN y PRD llamaron a emprender un esfuerzo conjunto que lleve a la consolidación del imperio de la ley, cerrar el paso a la impunidad en el sistema de procuración y administración de la justicia y caminar hacia un acuerdo nacional de largo plazo para fortalecer la seguridad en el país. En nuestro país y nuestro Estado, por mucho tiempo nos ha constado que la formación de comisiones para vigilar y dar seguimiento a un problema social, o bien tomar algún acuerdo encaminado a ejercer justicia y respeto entre las personas, no ha funcionado. Está demostrado que son estrategias para que pase el tiempo, se calmen los ánimos, se aligere el coraje de la gente y finalmente sepultar el asunto.
En este momento la situación es distinta, lo vi el pasado jueves en que iba a Durango y en la primera caseta de cuota, un grupo de estudiantes profesores y demás gente harta de la política de México, tomaron esa instalación. Una jovencita de unos 19 o 20 años, que dijo estudiar en el Tec Laguna, hablaba con una seguridad, un sentimiento y decisión que envidiaría cualquier político. La gente se hartó, ¿qué pasará cuando se sepa el paradero de los estudiantes normalistas?
Por Martín Chávez
