Mejora. La desaparición de 43 estudiantes sirvió para que se aumentaran los recursos.
En plena crisis por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 400 millones de pesos para el Programa de Apoyo para Escuelas Normales Rurales.
Nunca en la historia de estos institutos se había autorizado un presupuesto de tal cantidad.
Tras la desaparición de los 43 jóvenes, el 26 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados reconoció que las protestas de los estudiantes provienen, en gran parte, de la falta de recursos que hay en estas instituciones.
Los diputados federales Miguel Alonso Raya y Jorge Federico de la Vega Membrillo, de la Comisión de Educación Pública en la Cámara de Diputados, coincidieron en que debía destinarse una partida específica para estas escuelas para evitar su desaparición.
"Que quede claro que no desaparecen [las Normales Rurales], sino que se van a reconstruir y a transformar las escuelas", aseguró Alonso Raya, después de haberse presentado la propuesta durante la discusión presupuestal.
Héctor Astudillo, coordinador de los diputados del PRI en Guerrero, también coincidió en que era necesario el incremento en el presupuesto.
"Con esto se evitaría que los estudiantes tengan que presionar cada año para que se abra la convocatoria para el nuevo ingreso de alumnos, para que no les quiten las becas y volver a pedir cada año material didáctico, libros y mobiliario", declaró en días pasados en tribuna.
Antes, las Normales Rurales no contaban con un presupuesto específico: recibían sus recursos a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
El dinero es otorgado a las Secretarías de Educación de cada uno de los estados y estas dependencias deben entregar los recursos a las instituciones.
AUDITORÍA ENCUENTRA OPACIDAD
La opacidad en el manejo de los recursos transferidos a las Normales Rurales, a través del FAEB, ya se había detectado por la Auditoría Superior de la Federación y también por la Cámara de Diputados.
La primera realizó el estudio Diagnóstico sobre la opacidad en el Gasto Federalizado, en el que recomendaba al gobierno federal dar mayor transparencia al ejercicio de los recursos.
"Hacer explícitos y públicos los criterios, mecanismos y fórmulas de distribución de los recursos asignados a las entidades federativas y municipios, así como las fuentes de información consideradas para su aplicación. Asimismo, acompañar con asistencia técnica y asesoría a las entidades federativas en la aplicación local de las fórmulas correspondientes", detalla el reporte de la Auditoría de junio de 2013.
En el caso de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública, que solicitó una auditoría al FAEB, encontró que en 2008, 500 personas recibieron salarios de más de 100 mil pesos.
Esto no coincidía con la situación precaria en la que viven las Normales Rurales. Para dimensionar los 400 millones de pesos que en 2015 recibirán sólo las 17 escuelas rurales, basta recordar que en 2008 el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas recibió 114 millones de pesos para 245 Escuelas Normales Públicas.
DEMANDAN MÁS DINERO
Dentro de las manifestaciones que los normalistas hacen cada año, una de sus demandas es el aumento al presupuesto y asignación de plazas al momento de egresar como licenciados en educación.
Ante la falta de presupuesto, la infraestructura en las Normales Rurales ha ido disminuyendo y hasta desapareciendo, como pasó este año en la Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza, Jalisco.
En esta institución, que es mixta y que en 2014 cumplió 80 años de haber entrado en servicio, hay una matrícula de 432 estudiantes; 214 son hombres.
El colegio cuenta con dormitorios, donde los estudiantes pueden vivir; sin embargo, 218 mujeres deben rentar cuartos en casas cercanas a la institución educativa, de acuerdo con integrantes del Comité Estudiantil.
Las estudiantes deben pagar también su alimentación, por lo que los costos se incrementan, en consecuencia exigen mayor presupuesto.
La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida como la Normal de Ayotzinapa porque se encuentra en la población que lleva ese nombre y que pertenece al municipio de Tixtla Guerrero, es una de las 17 Normales Rurales que existen en el país y son la herencia de un proyecto de gobierno de los años 20, durante el gobierno de Álvaro Obregón, que tenía por objetivo capacitar a jóvenes que pudieran alfabetizar en zonas rurales.
De estas 17 Normales Rurales, seis son escuelas-internados para mujeres y seis para hombres, mientras que cinco son mixtas, es decir, hay hombres y mujeres en ellas que cursan la Licenciatura en Educación Primaria.
De acuerdo con información de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la Secretaría de Educación Pública, en el país se ubican escuelas normales en los siguientes estados: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Guerrero, Aguascalientes, Chihuahua y Jalisco.
La investigación "Las Normales Rurales: Historia y Proyecto de una Nación", de Tanalís Padilla, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, señala que la primera institución normal que se fundó fue la de Tacámbaro, Michoacán, entre 1920 y 1922.
Destacan inversión
La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, señaló que mediante el "Plan Nuevo Guerrero", esta entidad recibió una inversión federal sin precedente, y el reto es concluir todas las obras en los primeros días de 2015.
Al encabezar la última reunión de evaluación y seguimiento de dicho plan, en este año, Robles Berlanga indicó que se ha mejorado la infraestructura y la calidad de vida de los guerrerenses.
"Hablamos de vivienda, de caminos, de puentes, de electrificación, de agua potable, de carreteras, de dragado, de reforestación; de apoyo a productores, a las comunidades indígenas y a las mujeres", subrayó.
Destacó que el reto es concluir todas las obras y acciones, para no poner en entredicho el proceso electoral que se realizará el próximo año.
