El exalcalde de Torreón Eduardo Olmos se encuentra en la mira de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por desacato de una orden de un juez federal del 7 de febrero de 2013, al no devolver en tiempo 7,000 pesos cobrados indebidamente a una ciudadana por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).
Ayer, el pleno de la SCJN determinó consignar penalmente a tres exfuncionarios de la anterior administración: Pablo Chávez Rossique, tesorero municipal; Roberto Flores Zamudio, jefe de Catastro Municipal y Juan Ángel Salas Rocha, jefe de verificación física de Catastro, los cuales, cumplieron un año después de la sentencia la devolución del cobro irregular.
Según la resolución, propuesta por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, los exfuncionarios podrían ser sancionados con penas de 5 a 10 años de prisión, una multa de cien a mil días, y la inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
Por lo que respecta a Olmos Castro, aunque en el dictamen de ayer se le consideró en la lectura de la consignación, ésta se postergó para dos resoluciones pendientes de la SCJN por igual número de demandas, dado que en 2013 el exalcalde presentó un recurso de queja.
Ayer se buscó al extesorero Pablo Chávez para que diera su versión, pero dijo que lo haría posteriormente. "Primero tengo que consultarlo y tomar acuerdo con mis abogados", dijo.
Roberto Flores, exdirector del Catastro, declaró estar enterado del proceso, pero indicó que su responsabilidad se limitó a realizar los avalúos correspondientes, "mas no a la devolución del ISAI, eso le tocaba a la Tesorería como autoridad administrativa que era'', aseguró.
En la sesión de ayer lunes, el ministro ponente Jorge Pardo señaló que luego de analizar la documentación presentada por el extesorero, "no se advierte causa que justifique el cumplimiento extemporáneo de la sentencia".
Por su parte, en la misma sesión del SCJN el ministro Fernando Franco González Salas señaló que "hay elementos para considerar que es real la insuficiencia presupuestal que argumentó el Municipio para no hacer el pago, pues tiene otras sentencias que cumplir por 30 millones de pesos".
