La Auditoría Superior de la Federación, ha determinado que Coahuila es el Estado más endeudado del país en términos relativos a su número de habitantes y a su capacidad de ingreso.
De acuerdo a los registros de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública de Coahuila estimada en números redondos en treinta y seis mil millones de pesos, es siete veces mayor que el ingreso anual estimado para ese año en cinco mil cien millones de pesos. Lo anterior quiere decir que si destináramos la totalidad de los ingresos a cubrir la deuda, tardaríamos siete años en pagarla.
Si consideramos en términos del adeudo por número de habitantes, Coahuila también ocupa el nada honroso primer lugar, pues la deuda por cada coahuilense es cuatro veces mayor al promedio de la deuda pública por cabeza del resto de las entidades federativas, consideradas éstas en su conjunto.
El tema abordado por El Siglo de Torreón el lunes pasado, y por algunos medios de la ciudad de México de cobertura nacional, revela un problema que pesa sobre nuestro presente y amenaza el desarrollo económico y social de la entidad en el futuro tanto inmediato como de mediano y largo plazo.
Es cierto que la mayoría de los Estados de la República enfrentan problemas semejantes, pero ningún consuelo representa para los coahuilenses el "mal de muchos" y por lo demás, a nosotros corresponde ocuparnos de la solución de nuestra situación específica con independencia de que el jardín del vecino esté más o menos seco y plagado que el nuestro.
Lo anterior porque en cada estado del país son distintas las condiciones del origen e inversión de los recursos obtenidos con el respectivo endeudamiento y como consecuencia, la capacidad potencial para cubrir los adeudos con un mayor riesgo para el crecimiento y desarrollo sustentables, es diferente en cada caso.
En otras palabras, el endeudamiento se justifica o no se justifica en cada caso concreto, en la medida en que los recursos de la deuda hayan sido invertidos en obras de infraestructura que sean un apoyo a la generación de riqueza que a la postre, redunde en la posibilidad de amortizar el saldo deudor. Otro es el caso de los recursos que se malversan a través de un gasto corriente irresponsable y corrupto, y cuando se destinan al gasto político electoral para efectos permanencia del grupo en el poder.
En el caso concreto de Coahuila la megadeuda es un asunto transexenal, iniciado en tiempos de Humberto Moreira, legitimado por el Congreso de mayoría priista en su momento y cubierto de un manto de impunidad hasta la fecha, por su hermano Rubén de los mismos apellidos.
El asunto de la megadeuda está asociado a un problema de opacidad generalizada en el manejo de los recursos públicos en los niveles Estatal y Municipal de Gobierno, y en la circunstancia específica de que una buena parte de la megadeuda, fue contraída mediante la falsificación de decretos atribuidos al Congreso del Estado, que sirvieron de base para constituir frente a la Secretaría de Hacienda y los bancos acreedores, garantía sobre las participaciones federales de los próximos veinte o treinta años.
Por eso frente a los antecedentes y circunstancias que rodean al caso de la deuda de Coahuila, que incluyen la reclusión del extesorero de finanzas del Moreirato en San Antonio, Texas, acusado de lavado de dinero de procedencia ilícita, sorprenden las declaraciones del actual Secretario de Gobierno vertidas el fin de semana pasado, que con cinismo asegura que el dinero incautado en el vecino país no procede de las arcas de nuestro Estado, porque en la contabilidad de Coahuila, no aparece ninguna partida de dinero transferida a los Estados Unidos.
No deben extrañarnos las palabras del funcionario referido, cuya actitud corresponde a la opacidad incorregible de un régimen, empeñado en acreditar que la opacidad y la corrupción, son elementos esenciales que corresponden a su naturaleza y esencia.
