A tres meses cumplidos de la administración que encabeza Miguel Riquelme, la opacidad de los tiempos de Olmos continúa, y no existen elementos que permitan suponer que la transparencia del Gobierno sea una realidad en el Municipio de Torreón.
Como botón de muestra está la acertada interpelación que hace la Síndica de oposición Gabriela Casale Guerra, en el sentido de que la autoridad municipal rinda un informe tocante al desempeño de las cuadrillas de limpieza denominadas Marea Roja.
La operación de la Marea Roja ha significado un aumento de dos millones y medio de pesos en la nómina de empleados al servicio del Municipio, lo que constituye un incumplimiento de las promesas de campaña del actual Alcalde, que en repetidas ocasiones se comprometió a reducir el costo de los servicios personales.
El gasto desbordado en este rubro es preocupante, porque existe la sospecha de que el programa de limpieza referido que en forma descarada ostenta el nombre que ha recibido el ejército electoral del PRI en diversos estados del país, sea un pretexto para hacer propaganda en favor de dicho partido y peor aún, para desviar dinero público hacia las arcas del tricolor, ahora que estamos en pleno proceso para renovar el Congreso Local.
Otro aspecto importante se refiere a que el mencionado programa de limpieza constituye una operación y un gasto doble, en relación con los servicios que el Municipio de Torreón tiene contratados con la empresa Promotora Ambiental (PASA), lo que como consecuencia arroja mayores sombras, sobre la de por sí obscura forma de administración que es objeto de comentario.
La Síndica asegura que desde que surgió el programa hace tres meses, ha estado solicitando al Tesorero Municipal la información relativa a la forma de contratación del personal, las reglas de operación, rutas de barrido, tiempos y movimientos, y todo lo relacionado con los aspectos administrativos y contables del programa.
En respuesta el Tesorero Municipal reconoce que la Síndica le ha pedido la información, pero alega que la presentará al Cabildo como parte de un informe trimestral el próximo 26 de abril. Enseguida, el Tesorero afirma que la Sindica "hace especulaciones" y la acusa de protagonismo mediático, lo que implica que el manejo de la cosa pública para Miguel Riquelme y su Tesorero es cosa particular y privada del sistema Moreira del que forman parte, y no desean que la luz de la transparencia entre a través del cristal de los medios de comunicación.
El Tesorero soslaya que el artículo 106-A del Código Municipal de Coahuila concede facultades especiales de vigilancia en favor de los Síndicos de la primera minoría en los Ayuntamientos, en cuanto a la aplicación del presupuesto de egresos. Estas facultades, implican el derecho de solicitar y obtener del Tesorero Municipal, la información que requieran para tal fin.
Las atribuciones referidas las concede la Ley sin limitación alguna, por lo que el Tesorero Municipal debe entregar la información que la Síndica le solicite en todo momento, con la premura que lo permita la naturaleza material de las cosas, y no tiene por qué sujetar la entrega de la información que la Síndica requiera, a los tiempos mensuales o trimestrales de presentación de sus informes al Cabildo.
El ejercicio de las facultades concedidas a la Síndica por Ley, exige que la función de vigilancia se realice en el día a día de manera inmediata y constante entre la Síndica vigilante y la realidad que es objeto de vigilancia, a través de la Tesorería y el resto de las dependencias municipales, para emprender una operación remedial también inmediata, en caso de que los recursos públicos estén siendo robados o mal gastados.
Es evidente que si el alcalde Riquelme y su Tesorero, desean evitar malos pensamientos y especulaciones, de la Síndica o de los Ciudadanos, deben cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que la Ley les impone en materia de transparencia.
