Extenso. Los militares no se dan abasto para cubrir el estado ante la multiplicidad de los cárteles.
El estado de Guerrero es estratégico en el negocio del tráfico de drogas, lo que lo convierte en un territorio en disputa, en el que los índices de violencia van en aumento y donde la influencia de los grupos del crimen organizado es evidente en el ámbito político.
Sólo en esta entidad operan cuatro de los nueve cárteles que existen en México, además de que otras seis organizaciones criminales -dedicadas al secuestro y la extorsión, que han surgido de escisiones-, también pelean por controlar algunas de las zonas.
Informes de inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y solicitudes de datos a la Procuraduría General de la República (PGR) indican que si antes los grupos criminales sugerían a las autoridades quién debía ser el jefe de la policía, ahora ordenan su nombramiento, pues el control se extendió a los gobernantes; un poder que también está asociado con la violencia con la que actúan y que ha marcado a la entidad.
Guerrero es un punto nodal para el trasiego de droga -en el corredor de la ruta del Pacífico-, debido a su ubicación geográfica, sus colindancias con varias entidades del país y las múltiples vías de comunicación que tiene.
Es aquí donde operan los cárteles de los Beltrán Leyva, del Pacífico o de Sinaloa, "Los Caballeros Templarios" (de manera intermitente), y el cártel Nueva Generación de Jalisco, lo que la convierte en la entidad con mayor número de grupos criminales. De hecho, la inseguridad en esta región del país está relacionada con la atomización de estas organizaciones delictivas.
Los reportes establecen que escisiones de los Beltrán Leyva han resultado en la conformación de grupos criminales como "Los Granados" (en la región de Tierra Caliente de Guerrero); "Los Rojos" (que operan en la región norte y centro de Guerrero y Morelos); "Los Ardillos" (ubicados en la Montaña y el centro de Guerrero), así como el "Cártel Independiente" de Acapulco (CIDA), que opera en el puerto del mismo nombre.
Pero también está "La Barredora", un subgrupo del cártel del Pacífico que opera en Acapulco, así como Guerreros Unidos con presencia en Guerrero, Morelos y el Estado de México.
El diagnóstico del gobierno federal destaca que el ingreso de las fuerzas federales a Michoacán, con el fin de desarticular a "Los Caballeros Templarios", "movió la geografía del crimen", generaron el llamado "efecto cucaracha" y los delincuentes desplazaron su zona de operaciones a Guerrero.
Según las autoridades federales, Guerrero es uno de los estados con más homicidios dolosos, tras los enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales. En 2011, la tasa por cada 100 mil habitantes se ubicó en 62, aumentó a 66 en 2012 y en 2013 se redujo a 59 asesinatos.
Denuncian que encontraron 21 cuerpos en el Edomex
El diputado local opositor del Congreso del Estado de México Octavio Martínez Vargas denunció ayer que las autoridades estatales encontraron 21 cuerpos al drenar un canal del municipio de Ecatepec, de los cuales 16 son de mujeres, aunque el Gobierno estatal rechazó "categóricamente" esa información.
En respuesta, en un comunicado el secretario de Gobierno de ese estado, José Manzur, rechazó "categóricamente las declaraciones del diputado local" en relación con "supuestos cuerpos de mujeres aparecidos durante los trabajos de dragado de afluentes" en Ecatepec.
Manzur admitió que en los canales se encontraron "restos óseos cuyos orígenes serán determinados de manera científica".
El diputado Martínez Vargas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que en Ecatepec, distrito que él representa, un grupo de padres de familia denunciaron la desaparición de 40 mujeres, de entre 14 y 19, y le pidieron su colaboración para avanzar en la búsqueda.
El legislador explicó que estos mismos padres le informaron sobre el hallazgo de algunos cuerpos, supuestamente de algunos de las menores, y que la Procuraduría estatal, dependiente del Ejecutivo, pretendía entregarles esos cuerpos "encontrados en un canal" pero que no correspondían a los de sus hijas.
Por este motivo, Martínez solicitó una reunión, en la que participó personal de "mucha confianza" de su oficina junto a los padres y funcionarios de la Procuraduría estatal, entre éstos los titulares de las áreas de delitos de género, de feminicidios, de trata de personas y homicidios.
Aseguró que en esa misma reunión las autoridades reconocieron que que sí habían "encontrado 21 cuerpos sin vida", de los cuales "16 corresponden a mujeres", aunque los funcionarios explicaron que se esperaría para la entrega de los restos a realizarles exámenes del ADN.
El legislador indicó que las mismas autoridades comunicaron que los cuerpos pudieron haber sido "arrojados al río entre uno y ocho años" antes.
