Colocadas las baterías en los fraudes vía operaciones de factoraje respaldadas por documentos apócrifos que se le atribuyen a Oceanografía, se está soslayando otro ilícito cometido por la firma arrendadora de barcos a Petróleos Mexicanos, éste en agravio de uno de nuestros símbolos nacionales
Gran parte de los navíos de la empresa llevaban en su proa la bandera nacional en aval de sus tareas de cabotaje, es decir operaciones de un punto a otro en aguas nacionales, sin reunir los requisitos reclamados por la legislación vigente.
De acuerdo a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos sólo podrán realizar labores de cabotaje los barcos que llevan la bandera de México.
Las condiciones para izarla, de acuerdo a los artículos 10 y 11 del ordenamiento, son demostrar que la embarcación es propiedad de una sociedad mexicana, o exhibir un contrato de arrendamiento financiero.
El caso es que al río revuelto del escándalo se transparentó que la mayoría de la flota de que presumía la empresa de Amado Yáñez Osuna era propiedad de fondos extranjeros a quienes se les habían pignorado o de plano pedido prestadas a cambio de una parte sustancial de los contratos.
La primera rendija surgió cuando el supuesto principal activo de la empresa, el gigante conocido como OSA Goliath, emprendió proa fuera de las aguas territoriales cuando se encontraba en plena tarea de proveer de tuberías a la empresa para un ducto submarino en la Sonda de Campeche.
La autoridad se mantuvo impávida, pese a que en su graciosa huida rumbo al puerto antillano de Aruba, la nave se llevó un cargamento que legalmente le pertenecía a Pemex.
La propiedad del coloso la reivindicó la empresa Coastline Maritime. Sin embargo, el reclamo lo realizó el fondo noruego Norks Tillitsman, aduciendo que se le había dejado en prenda por un bono de deuda de 160 millones de dólares.
Se calcula que el valor del barco estaría en 248 millones de dólares, o si lo prefiere tres mil 188 millones de pesos. En la ruta apareció en escena otro cachirul.
La empresa Shanara Maritime International reclamó la propiedad del segundo barco más grande que en el papel era propiedad de Oceanografía. Estamos hablando del bautizado como Caballo Marango.
El buque que había servido a lo largo de 2013 como el principal activo de la firma en concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada para cumplir con un contrato firmado con Pemex Exploración y Producción, fue fletado a casco desnudo.
Sin embargo, el contrato se cayó en febrero de 2014 ante la falta de pago de renta, con opción de compra, avalado por Memorandum of Understanding.
La empresa colocada como contratista estrella de Pemex contabilizaba, de cara a sus prospectos para colocación de bonos de deuda, 76 embarcaciones de última generación, pese a que la mayoría no eran de su propiedad.
Más aun, algunas estaban en proceso de construcción.
El principal argumento de Amado Yáñez Osuna cuando se le impugnaba por lo que se presumía favoritismo de los funcionarios de Pemex en la magia del tráfico de influencias, era que los contratos llegaban en la certeza no sólo de mejor precio, sino de mayor calidad en el servicio.
Según ello, durante 2012 la empresa tenía activos por valor de 22 mil 49 millones de pesos.
Lo cierto es que si se le rasca un poquito al asunto, se descubriría que el abanderamiento fraudulento de navíos no era sólo costumbre de Oceanografía. Son varias las contratistas de Pemex que fletan barcos para tareas de cabotaje sin que avale la Ley el uso de la Bandera Nacional.
El país de la simulación.
BALANCE GENERAL
Colocada en la mesa la tradicional promesa de llegar a las últimas consecuencias cuando se desata un escándalo de corrupción en el país vía investigaciones realizadas en los Estados Unidos, por más que a la hora de la verdad no pase nada, los hilos en torno al caso de la empresa Hewlett-Packard, están a la vista.
La firma proveedora de software le entregó a la consultora Intellige 1.5 millones de dólares, de los cuales, según la investigación de la Comisión de Valores de Estados Unidos, 125 mil se traspasaron a una empresa controlada por un funcionario de Pemex, cuya firma era necesaria para los contratos obtenidos.
El caso es que "casualmente" el que fuera director de Operaciones de la empresa paraestatal, Raúl Livas Elizondo, había trabajado en la firma consultora como director de Administración y Desarrollo de Negocios.
El exfuncionario había llegado a Pemex por su relación estrecha con el que en 2009, cuando se habría cometido el ilícito, era director general, es decir Jesús Reyes Heroles González Garza, de quien es socio en la empresa Grupo de Economistas y Asociados (Gea).
En la ruta, está también Manuel Reynaud Aveleyra, quien se desempeñaba entonces como subdirector de negocios e infraestructura tecnológica. Éste salió de la paraestatal al descubrir que había viajado al Gran Premio de Fórmula Uno de Mónaco a todo lujo a costa de la empresa alemana SAP… a quien se le había otorgado un jugoso contrato.
Lo cierto es que lo de las últimas consecucioncitas ya se tardó en el caso, por ejemplo, de los presuntos sobornos de la cadena de tiendas Walmart para obtener licencias de construcción para sus tiendas.
REVERSA A REFORMA
En lo que constituye un absurdo jurídico, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le metió reversa a una disposición emanada de la reforma laboral para reglamentar la práctica de subcontratación o tercearia, conocida como outsourcing.
Estamos hablando de la obligación solidaria de las empresas contratantes de asumir responsabilidades de cara a omisiones u faltas de las subcontratadas.
Dicho con todas las letras, si la outsourcing no le otorga las prestaciones de Ley a sus trabajadores; si incumple con los pagos de cuotas al Seguro Social, o si hay incumplimiento de un laudo laboral, se asume que los platos rotos los pague la firma contratante.
El Seguro Social se había quejado de que algunas de estas firmas trabajan en oficinas de fachada que se abandonan al primer problema.
El ordenamiento también responsabilizaba a las firmas a las que se les presta el servicio alterno especializado, si la outsourcing realizaba labores iguales a las encomendadas a empleados de la firma.
La Concamin, en previsión de lo endeble de la nueva escenografía, había pedido que en tal caso el asunto se llevara a un Tribunal Colegiado para plantear un criterio jurídico que sea menos impugnable.
REVÉS A INBURSA
En otro absurdo jurídico, el juzgado segundo de Distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, le negó al grupo Carso y al grupo financiero Inbursa un amparo solicitado frente a la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones que los ubica, a la par de América Móvil, como preponderantes en el ramo.
El alegato hablaba de que las medidas previstas para las firmas en tal condición eran imposibles de cumplir, dado que ninguna de ellas participa en el ramo.
ÓRBITAS A SUBASTA
En el marco de la posibilidad de mayor competencia en el terreno de la televisión abierta o restringida en la magia de la reforma del ramo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó realizar una subasta pública para dos posiciones orbitales satelitales. Ambas tienen posibilidad de cobertura para todo el país.
La alternativa se abre sólo para uso comercial, con opción de participar como postores inversionistas extranjeros. Las bases hablan de una serie de requisitos técnicos, económicos y legales de los aspirantes.
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