Sin enfriarse aún del todo los ardores provocados por la reforma hacendaria, está en puerta un nuevo diferendo entre el sector privado y el gobierno, cuya manzana de la discordia la constituye una iniciativa presidencial para una nueva Ley de Competencia Económica
La propuesta, a entregarse el miércoles al Congreso, le permite al Ejecutivo implantar controles de precios en productos que se consideran básicos para la economía o el consumo familiar.
La alternativa podría ser de carácter temporal en situaciones de emergencia, es decir, falta de abasto, especulación o acaparamiento, o permanente.
Actualmente los únicos productos sujetos a determinación de precios por parte del Estado son los combustibles, gasolinas, diésel y gas LP. De acuerdo al artículo 54 de la iniciativa, la Comisión Federal de Competencia Económica tendrá facultades para determinar la existencia de insumos esenciales que requieran ser regulados para evitar efectos anticompetitivos.
La instancia en sustitución de la Comisión Federal de Competencia tendrá poder para iniciar de oficio investigaciones para ubicar barreras a la competencia y libre concurrencia que atenten contra la canasta básica familiar.
La pretensión original de la iniciativa, una de las leyes secundarias de la reforma financiera, era ubicar las vías para abrir la competencia entre las instituciones bancarias para promover y abaratar los créditos.
De hecho, la Cofece pactó hace días con el Banco de México para ubicar en conjunto las barreras que impiden una mayor competencia en el sector, tras de que la reforma planteó endurecer las posibilidades de cobro de las intermediarias, al extremo de cárcel o arraigo a deudores, ya que según éstas, es justo la morosidad lo que provoca el encarecimiento de los préstamos. En la coyuntura, el Ejecutivo no sólo extiende el mantel, sino le proporciona "dientes" a la instancia para combatir prácticas monopólicas.
De entrada, se refrendan sanciones que había previsto la última reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, es decir, la posibilidad de multas de hasta 10% de los ingresos de una empresa que incurra en lo que la Ley califica como práctica monopólica absoluta, traducida como desplazar a la competencia vía la imposición de barreras anticompetitivas.
La sanción bajaría a ocho% de la facturación de un año por prácticas monopólicas relativas en abuso del poder sustancial de mercado de las empresas hegemónicas.
La posibilidad de apremio para infractores faculta el órgano para solicitar el arresto del o los responsables por 36 horas; pedir el auxilio de la fuerza pública, e imponer una multa diaria por el equivalente a tres mil salarios mínimos a las empresas remisas en atender una resolución.
En el escenario, habrá una multa de hasta 175 mil salarios mínimos para quien entregue información falsa a la instancia cuando se le involucre en una denuncia o investigación de oficio.
En el abanico, además, se imponen multas de hasta 180 mil salarios mínimos a quienes coadyuven, propicien o induzcan la comisión de una práctica monopólica.
Aunque los organismos empresariales han pugnado por un combate frontal a los monopolios, cuya fuerza de mercado encarece el costo de la vida, su línea tradicional ha apuntado al libre mercado en todas sus fases, desde el cancelar la intervención del Estado como regulador.
Habrá, pues, pelea.
Rudos contra técnicos a partir del miércoles.
BALANCE GENERAL
El exceso de celo del Instituto Federal de Telecomunicaciones al solicitar al Ejecutivo auxilio frente a la decisión de un juez de negarle facultades en materia del must carry y must offer, es decir, la posibilidad de que los canales nacionales de televisión abierta se suban a título gratuito a las empresas de servicio de paga, provocó una carambola de dos bandas.
De entrada, coloca a la instancia en entredicho frente a la autonomía que le confiere la reforma constitucional en telecomunicaciones.
Más allá, existe el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia rechace la Controversia Constitucional promovida por el Ejecutivo, como "notoriamente improcedente".
Como usted sabe, el juez 32 de lo civil del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, emitió, a solicitud de Televisa, la resolución de la discordia… en el marco de un litigio de la televisora con la firma de televisión satelital Dish, cuyo fondo era la presunción de la compañía de Emilio Azcárraga Jean de que la empresa de la familia Vargas estaba subiendo "a la brava" sus canales, vía la venta de decodificadores.
El juicio se abrió el año pasado, es decir, antes de que se discutiera la gratuidad de la medida y se dictara el cambio de la Comisión Federal de Telecomunicaciones por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La bronca era contra la primera. El escenario permitió exhibir la parcialidad en favor de Televisa del togado, cuyas resoluciones han sido derribadas por tribunales de alzada, al considerarse que no se respetó el debido proceso.
OTRO GOL A MEXICANA
En lo que constituía una, quizá la última, asidera de los trabajadores de Mexicana de Aviación para acercarle fondos a la caja en la posibilidad de que la firma sea declarada en quiebra, la jueza del concurso mercantil, Edith Alarcón, desechó una solicitud para declarar nula una renuncia de garantías que firmó la empresa aérea en favor de sus acreedores en la fase previa a su salida de las pistas.
La rendija le permitió al Banco Mercantil del Norte, Banorte, cobrar los pagarés de tarjetas bancarias firmados por los clientes de la línea aérea. La solicitud, planteada por los trabajadores de tierra, se fundamenta en que bajo las reglas del concurso mercantil en que se ubica a la empresa, los acreedores no pueden disponer de ningún recurso, ubicados éstos en la masa crítica de la quiebra.
CAMBIOS EN EL IMSS
A la callada, finalmente tomo posesión como nuevo director financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social el ex funcionario hacendario Carlos Treviño.
En el renglón del Consejo Técnico del organismo también habrá un cambio en la representación patronal.
Tras la reelección del presidente de la Concamín, Francisco Javier Funtanet, se sustituirá del asiento a León Halkin o Salomón Presburguer, los dos expresidentes del organismo.
El peligro es que si no tiene capacidad el sustituto, habrá protestas de la Coparmex, quien desde hace años pelea por un asiento.
LA CONCAMÍN TIENE TRES
Aunque el presidente de la Concanaco, Jorge Dávila, dejará el 30 de marzo la presidencia del organismo, se mantendrá en el otro de los asientos patronales del órgano de gobierno del IMSS.
CANACAR VS CANACAR
En el insólito de la temporada, el presidente de la Cámara Nacional del Transporte Aéreo, Fernando Flores y Pérez, desmintió al director general del organismo, Víctor Pavón Villanueva, sobre problemas de seguridad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Según ello la terminal aérea opera con los más altos niveles de seguridad en cumplimiento de los estándares internacionales.
No hay, pues, plan de emergencia.
Coscorrón al funcionario… por más que en parte tenía razón.
