En octubre del año pasado el Congreso de la Unión, con el voto favorable de los grupos legislativos del PRI (y sus aliados incondicionales: PVEM y Panal) y el PRD, aprobó una nueva reforma fiscal que generó inconformidad, especialmente en el sector empresarial; era insuficiente para lograr el incremento deseado en los ingresos tributarios; e incongruente con algunos de los objetivos económicos que se proponían en la misma exposición de motivos, ya que las medidas aprobadas eventualmente generarían impactos negativos en algunos sectores económicos.
De inicio la propuesta enviada por el Ejecutivo, en septiembre, no respondió a las expectativas y era incongruente, pero en su discusión en la mesa del Pacto por México (que para esa reforma específica abandonó el PAN, cuando se dio cuenta que las modificaciones que se recogían eran las que planteaba el PRD) se hicieron modificaciones que disminuyeron sus posibilidades de incrementar la recaudación, como porcentaje del PIB y de 1.4 puntos porcentuales como contemplaba la propuesta inicial, se redujo a alrededor de un punto, cuando mucho; por otra parte, algunos de los cambios que se introdujeron podrían impactar directamente las actividades productivas, como el impuesto a los alimentos con alto valor calórico.
En síntesis la reforma fiscal finalmente aprobada en octubre del año pasado no resolvía el problema de ingresos del gobierno federal y sí provocó una gran inconformidad en el sector privado mexicano, lo que impactaba directamente en las expectativas de crecimiento económico en el corto y mediano plazo, como comenté en este mismo espacio en la tercera semana de noviembre del año pasado, al comentar las reformas estructurales.
En ese contexto, el presidente Enrique Peña Nieto empezó a revertir algunos de los principales impactos al publicar el 27 de diciembre del año pasado un decreto, denominado de simplificación administrativa, en el cual -entre otras cosas- eliminó el IVA a los chicles y gomas de mascar; compensó con un incentivo fiscal el impuesto especial a los combustibles fósiles, en el caso de la turbosina; y otorgó facilidades a las empresas mineras (uno de los regímenes fiscales especiales más favorables) para el cumplimiento de las nuevas obligaciones fiscales.
Es decir, el primer paso en la contrarreforma fiscal inició incluso antes de que entraran en vigor las nuevas disposiciones. Pero todo parece indicar que todavía faltan muchos pasos más en ese sentido, pues el anuncio del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el Foro Económico Mundial, celebrado anualmente en Davos, Suiza, de que en febrero se anunciará un pacto fiscal con la Iniciativa Privada mexicana apunta en esa dirección.
Más se tardó la noticia en llegar a México, que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, aunque saludó como muy favorable un pacto fiscal de largo plazo, que brinde certidumbre a las empresas, señaló que debía incluir, entre otros temas: el restablecer la deducción de las prestaciones laborales a los trabajadores; eliminar el pago de impuestos en la distribución de dividendos a los accionistas; revertir las modificaciones a las tasas impositivas del Impuesto sobre la Renta; la deducción inmediata de las inversiones que realicen las empresas; y la eliminación de los impuestos a los productos de cierto nivel calórico.
El único cambio de la pasada reforma fiscal que no incluyó, entre los que llamaron temas pendientes, fue la eliminación de la tasa especial del IVA en las fronteras; pero fuera de ese tema, todas las otras modificaciones importantes establecidas en la reforma fiscal de octubre pasado, según el dirigente empresarial estarían a revisión.
Hay cuatro aspectos que hay que destacar en torno al tema: el primero es que la reforma aprobada el año pasado bajo ninguna circunstancia podía considerarse como definitiva, pues no resolvía ninguno de los problemas que se habían planteado y, en cambio, sí podía incidir negativamente en algunas actividades económicas. En este sentido, contrario a lo que se había señalado más que una reforma estructural, las modificaciones legislativas podían considerarse simplemente una miscelánea más, como tantas otras que se han aprobado cada año al revisar el presupuesto anual del gobierno federal.
Segundo, desde 1960 México recauda en promedio (sin considerar todos los ingresos provenientes del petróleo) alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, para el próximo año -aun con la llamada reforma hacendaria- rondaría aproximadamente el 13.5%. Tercero, sin duda, una de las causas del estancamiento económico de más de tres décadas (el crecimiento del promedio anual del PIB por persona de 1983 a 2009 no superó el 0.5% en términos reales, comparado con un promedio de 3.2% de las cinco décadas previas, según un artículo de Carlos Tello Macías y Domingo Hernández) es precisamente esta baja recaudación. Y, cuarto, la incertidumbre y trastornos al entorno de negocios y la economía que generan los cambios fiscales anuales son negativos y también entorpecen dicho crecimiento.
En estas condiciones el gobierno está en un verdadero predicamento: pues no logró la reforma fiscal que pretendía y sabe que sí quiere generar un ambiente propicio para el crecimiento del PIB requiere aumentar su recaudación y acabar con las modificaciones anuales de las disposiciones fiscales, en este último postulado basó Videgaray su propuesta de pacto fiscal, el problema es que al hacerlo con la Iniciativa Privada (como ya postuló Gutiérrez Candiani) en realidad logrará una contrarreforma que impactará directamente en la primera parte del postulado.
Los actuales aliados del gobierno federal (PAN y empresarios), producto de la reforma energética, lo conducirán a una contrarreforma fiscal y apostar a incrementar la recaudación por la vía del crecimiento económico, lo que no ha sucedido en los últimos 33 años.
