La clase política se ha pronunciado por lograr un pacto por la seguridad, ante el caos que vivimos, y el descontrol por parte del Estado. ¿En qué podría consistir? Dice el texto firmado por diversos exponentes de la clase política y titulares de instituciones oficiales: "reconocemos que la sociedad se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia...
La ciudadanía demanda de sus autoridades una respuesta inmediata y contundente que dé resultados en el corto, mediano y largo plazos... el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, como problemas desatendidos a lo largo de décadas. Esto se ha agravado debido a la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad y a la complicidad de algunas autoridades con los criminales. La delincuencia ha dañado el tejido social y ha hallado cobijo en familias y comunidades enteras. El desafío es indiscutible e inaplazable". De acuerdo.
Y continúa: "La sociedad exige, con justicia, que sus autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones de seguridad sólidas, eficaces y honestas, así como para replantear los mecanismos de coordinación interinstitucional para poner fin a la impunidad y a la corrupción y hacer frente al crimen en todas sus expresiones. Por ello, es necesario un acuerdo que incluya la participación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil". También de acuerdo. Algunas de las premisas de que parte son: "1. La política de seguridad es una política de Estado. 2. Cada uno de los poderes y cada uno de los órdenes de gobierno debe ejecutar la parte que le corresponde, en el marco de sus atribuciones, para cumplir los compromisos asumidos de acuerdo con las metas y los tiempos convenidos... Hoy contamos con un nuevo marco normativo propicio para dar un renovado impulso a los procesos de reestructuración de las instituciones de seguridad y justicia". Con este acuerdo -se dice- "se establecen acciones y metas concretas, tiempos precisos de ejecución, así como responsables para cada uno de los compromisos... Demanda también un ejercicio mucho más escrupuloso y transparente de los recursos destinados a tal fin... Este acuerdo busca no sólo atender lo coyuntural y lo urgente sino, sobre todo, los problemas estructurales que afectan la seguridad y la procuración e impartición de justicia". De acuerdo.
Entre los compromisos específicos están: "A) Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia. B) Crear un modelo de evaluación y control de confianza. C) Sujetar a evaluación permanente y control de confianza al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de Aduanas, de los centros de readaptación social federales. D) Transparentar más el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y de sus titulares. E) Formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero". Todo esto, entre otras muchas propuestas. Suena muy bien, y esperanzador. El problema es que este pacto fue firmado en 2008, y las cosas ahora no son muy distintas de aquel entonces. Al contrario, de ese año para acá las cosas empeoraron. Por lo cual los promotores del nuevo pacto tendrían que explicarnos en qué será diferente del de 2008, y por qué no funcionó. Eso, para no repetir un camino que ha probado su ineficacia. A fin de cuentas, al no haberse combatido nunca la corrupción ni la impunidad de manera profunda y sistemática, las condiciones de descomposición institucional que ahora padecemos se reproducen. ¿Habrá en algún momento un pacto eficaz contra la corrupción y la impunidad? Mientras eso no ocurra, seguiremos en las mismas.
Profesor del CIDE
