Los maestros que en el Estado de Coahuila han suspendido clases, forman parte de un movimiento cuyas causas y alcances son imprecisos, pues mientras en los municipios de Matamoros y Viesca implican el noventa y cinco por ciento de las escuelas públicas, y en la ciudad de Torreón el descontento se manifiesta en forma incipiente, en Saltillo el problema parece no existir.
Los maestros motivan la suspensión de clases en el hecho de que en sus recibos de pago de la primera quincena de enero, aparece el descuento y retención del Impuesto Sobre la Renta, superiores en un trescientos por ciento, en relación a los descuentos que por este mismo concepto se les hacían el año pasado.
La primera suposición que surge del enorme aumento, apunta a que está motivado por el alza de las tasas impositivas derivadas de la reciente miscelánea fiscal que flagela a la clase media de nuestro país, que fue aprobada a nivel federal bajo el impulso de las bancadas del PRI y el PRD, en el Congreso de la Unión.
En la explicación que al respecto ofrece el gobernador Rubén Moreira, asegura que la magnitud del descuento del que se duelen los profesores, no obedece a un aumento en la tasa de impuestos, sino al hecho de que se suspendió un subsidio del que estuvieron gozando hasta fines del año 2013.
Lo anterior quiere decir que en el pasado reciente, los maestros dejaron de pagar impuestos a los que por ley están obligados y el subsidio corrió a cargo del resto de los causantes, que si pagan sus impuestos como la ley manda.
Moreira declara que el monto del subsidio asciende a la cantidad de mil doscientos millones de pesos anuales y asegura que el gobierno a su cargo ya no tiene la capacidad de cubrir dicha cantidad. Sin embargo, el Gobernador omite precisar con la transparencia que el caso requiere, durante cuántos años estuvo vigente el referido subsidio, ni determina la cantidad de dinero que implicó en total, ni tampoco aclara qué autoridad decretó el supuesto subsidio y en virtud de cuál instrumento jurídico tuvo su origen.
Pese a lo escaso de la información que Moreira se ha dignado ofrecer a los coahuilenses, la simple existencia del subsidio mencionado constituye una violación a las disposiciones constitucionales que definen los impuestos, como consecuencia del deber que tienen los ciudadanos de contribuir al gasto público en la forma general, proporcional y equitativa que la ley determine.
Los principios de generalidad, proporcionalidad y equidad referidos que rigen los impuestos, expresan el ideal de igualdad que alienta todo sistema democrático. El hecho de que unos ciudadanos paguen impuestos y otros no los paguen o paguen menos en proporción al resto de los ciudadanos, en virtud de privilegios concedidos de manera discrecional en lo obscuro, es inadmisible.
A las declaraciones del Gobernador los maestros replican contradiciendo al mandatario, asegurando que en sus recibos de años atrás, jamás apareció expresada la aplicación de subsidio alguno, lo que desde luego plantea más y mayores dudas sobre el tema. El desconcierto que lo anterior implica, genera una sospecha en el sentido de que el gobierno de Coahuila haya estado omitiendo a capricho retenciones de impuestos a los profesores en perjuicio del erario del Gobierno Federal, lo que como tal habría ocurrido de manera discrecional y dispareja, como lo revela el hecho de que en la protesta, se advierte que no todos los mentores han sido medidos con la misma regla y por el contrario, aparece que unos han sido afectados en diversas proporciones y otros no han sido afectados.
El magno desorden que lo anterior implica, es congruente con el modo de actuar del moreirato, y en el caso específico, el desvío ilícito de recursos públicos en beneficio de un sector de la burocracia, tiene un fuerte olor a control político electoral, del cual debe de responder el Gobierno Estatal en turno.
Es posible que el ilícito haya sido operado entre líderes del Sindicato de Maestros y el moreirato sin el conocimiento de los mentores, como lo revela la circunstancia alegada por los profesores, en el sentido de que ignoran la existencia del subsidio, al tiempo que aseguran que no se encuentra documentado en los recibos respectivos.
En todo caso el paro de labores de los maestros inconformes y la suspensión de clases que implica, no se justifica. Conforme al principio de derechos adquiridos, cada profesor puede ejercer su derecho de acudir a los tribunales laborales para exigir la nivelación de sus salarios actuales y futuros más sus aumentos, a partir de las cantidades reales en que se les estuvo pagando años atrás.
