El anuncio de la salida de Grupo Televisa de Iusacell, difundido la semana pasada, es sin lugar a dudas un hecho de gran relevancia para el sector de las comunicaciones en México
Se trata de la primera modificación real de la estructura accionaria de un operador de telecomunicaciones en nuestro país a raíz de la Reforma en Telecomunicaciones de hace un par de meses.
Apenas se había dado a conocer y una amplia cantidad de personas ya estaban hablando de los efectos de la adquisición por parte de Grupo Salinas de la totalidad de las acciones de Iusacell. Es de esperarse que un movimiento de este tamaño apunte a una posible reconfiguración del sector, en particular dado que Grupo Salinas ha mencionado que buscará un socio internacional para venir a México. Se ha especulado que podría ser Telefónica, pero, dadas las relaciones de Iusacell, es más probable que se trate de Sprint, ahora controlada por un banco japonés, o de China Mobile. Esto significaría el arribo, por primera vez, de gigantes asiáticos al mercado de las telecomunicaciones en México.
Para poder competir con efectividad, Iusacell, al igual que el resto de las telefónicas, cuenta con un nuevo marco legal que introduce obligaciones en materia de interconexión para el agente preponderante, Telmex-Telcel, que mientras mantenga este estatus no podrá cobrar por la terminación de tráfico de otros operadores en su propia red, tal como lo hace con su propio tráfico. El nuevo marco legal también impone al preponderante la obligación de no poder discriminar en las tarifas que cobra a sus propios usuarios según el destino de sus llamadas, además de una serie de medidas de regulación específica.
Estas medidas podrían contribuir a imprimir un dinamismo al sector telecomunicaciones que no ha tenido en la última década, lo que podría significar un descenso en las tarifas y un aumento en el número de usuarios. Sin embargo, es altamente probable que esta prospectiva, al igual que la llegada de un socio estratégico para Iusacell, así como la entrada de nuevos operadores, quede suspendida hasta conocer el plan de Telmex-Telcel para desincorporar activos.
Con la venta de algunos de sus activos, Telmex-Telcel espera salir de la regulación de preponderancia que le ha impuesto la Ley de Telecomunicaciones, lo que significaría que las reglas en el sector telecomunicaciones volverían a cambiar en el corto plazo y ninguna empresa decidirá invertir en México mientras no estén claras las condiciones del juego.
Ahora que Telmex-Telcel ha designado un agente financiero para llevar su plan de desincorporación (valuado según Bloomberg en 17.5 mil millones de dólares) es previsible que no falte mucho para que se oficialice dicho esquema ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como otras dependencias gubernamentales. De las reacciones de la autoridad a este proceso dependerán las inversiones de otras empresas en México. Una desincorporación efectiva promovería una competencia más efectiva, mientras que una acción simulada -como podría ser el esquema revelado periodísticamente entre Telmex-Telcel con AT&T- prolongaría la incertidumbre. De alguna forma nos encontramos de nueva cuenta bajo la expectativa de qué hará ahora el IFT. Tal y como hace unos meses el sector comunicaciones esperaba expectante el detalle de la ley de telecomunicaciones que elaboraba el Congreso de la Unión. Por decirlo de alguna forma, el "parto" de las definiciones para el sector telecomunicaciones ha durado ya casi dos años.
Ante ello, no es aventurado decir que mientras que América Móvil no presente al IFT su plan de desincorporación y que esta autoridad adopte una decisión definitiva en torno a dicho plan, es muy probable que el sector telecomunicaciones se mantenga en la débil inercia bajo la que se ha venido desenvolviendo en los últimos meses. Así que el IFT tiene en sus manos el perfilar el rumbo que habrá de tomar el sector en los próximos años.
CAMBIANDO DE TEMA:
1) Es probable que AT&T no pueda definir si invertir en México, o más bien comprar activos de Telmex-Telcel, hasta que las autoridades estadounidenses le definan si puede o no realizar la operación de compra de DirecTV por 48.5 mil millones de dólares. Ésta requiere autorización del Departamento de Justicia y de la FCC, pero además varios gobiernos estatales -entre ellos Florida y Nueva York- están estudiando la compra y podrían emprender acciones legales en cada jurisdicción.
2) La nueva red compartida mayorista que el Estado piensa construir en asociación con empresas privadas viene ya en el paquete económico 2015. Los derechos para la banda de 700 MHz son mucho menores que los que la SHCP propuso el año pasado. Así que no debe haber ningún pretexto para poder impulsar este proyecto y que esté operando para 2018. Sin embargo, la Constitución también establecía que la construcción de esta red iniciaría en 2014 y eso se va a incumplir.
Experto en telecomunicaciones
Twitter: @JTejado
