A dos años de haber llegado a Los Pinos, el presidente de la República Enrique Peña Nieto vive hoy el momento más crítico de su mandato. Luego de la estrategia de pasar a segundo plano el tema de la inseguridad y poner el acento de la agenda pública en los logros del Pacto por México que, con la connivencia de los principales partidos de la oposición, concretó un ambicioso paquete de reformas estructurales no exento de polémica, la realidad del país terminó por imponerse al discurso optimista.
El pacto y las reformas le granjearon a Peña Nieto el aplauso -a veces acrítico- de importantes sectores de la opinión pública nacional e, incluso, internacional. El Pacto por México porque por primera vez un presidente logró que las principales fuerzas políticas embonaran en sus ideas y firmaran un documento para ir en la misma dirección. Las reformas estructurales fueron otro paso importante para su administración al conseguir lo que por años se construyó en el imaginario mediático como las “reformas que el país necesita para crecer”.
La llamada “luna de miel” del presidente y cierto sector de la opinión pública consolidar mensajes cargados de una fuerte dosis retórica tendientes a dibujar un panorama menos pesimista del que se tenía respecto a la violencia y la inseguridad en las entidades federativas.
Sin embargo, esta comunión duró poco. El punto de quiebre llegó en un momento que ni él mismo esperaba. La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la incapacidad gubernamental para dar con su paradero derramó un vaso que se intentó mostrar medio lleno. Como un castillo de naipes, el discurso se desplomó. En México y en buena parte del mundo las manifestaciones aparecieron, acompañados de serias críticas sobre la estrategia gubernamental en materia de seguridad y combate a la corrupción. Manifestaciones y críticas que ni las sonadas detenciones de capos del crimen organizado han logrado aminorar.
De manera casi desesperada, el gobierno federal intenta encontrar a los estudiantes. La presión es tanta que de buscar cuerpos en fosas y en ríos, ahora las autoridades han tenido que modificar la estrategia: ahora los buscan vivos. Un síntoma que muestra los tumbos de un gobierno que poco a poco se ha desdibujado frente a una realidad implacable: en México no han sido conjurado los graves riesgos de ingobernabilidad debido a la debilidad de las instituciones y su vulnerabilidad frente al hampa.
Como estampa de la crítica situación, el presidente Peña Nieto recibió a los padres de los normalistas desaparecidos pero en vez de respuestas precisas, ofreció condolencia, lamentos y una solidaridad que alcanza para muy poco.
Las mismas voces que en un principio de la administración de Peña Nieto le festinaron sus dotes negociadoras, son las mismas que hoy le cuestionan sus debilidades como gobernante para el manejo de una crisis que se presenta como tragedia colectiva. El caso representa hoy el punto más bajo de un gobierno que ha demostrado destreza en entornos cuidados, pero una impericia inconcebible frente a la dolorosa realidad.
El presidente Peña Nieto está hoy parado frente a un precipicio en donde se plantean dos grandes interrogantes de cuya respuesta depende el futuro de su gobierno: ¿cómo resolverá el caso de Ayotzinapa? Y, sobre todo, después de lo que ha evidenciado el caso ¿qué sigue?
