La desaparición de los 43 estudiantes normalistas ha desatado varios frentes de presión que hoy superan el ámbito nacional y exponen internacionalmente el Estado fallido que tanto se pretende ocultar.
Las acciones de presión interior normalmente resultan retos que el gobierno consigue contener. Tanto las manifestaciones en el DF como las réplicas en los diferentes estados de la República son, de alguna forma, actos controlables que permiten la catarsis colectiva sin representar un costo real para las autoridades federales. Sean 10 mil o 50 mil los manifestantes, el gobierno no diversifica su mecanismos de acción.
A casi un mes de lo ocurrido no hay certeza sobre el destino de los estudiantes, sus padres han puesto un ultimátum al gobierno para que informe qué fue de ellos, pero la Procuraduría General de la República parece confundida con las versiones. Las reacciones ante las demandas de los familiares tampoco son muy distintas de las ofertas de solución de la Procuraduría ante las catástrofes que involucran crimen y autoridad. Se anunció que José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, y su mujer fueron los responsables de ordenar las agresiones, y se les detuvo. La licencia de separación del cargo del gobernador Ángel Aguirre, aunque es un acto innovador, difícilmente tendrá consecuencias para la desarticulación de redes de crimen y poder.
Sin embargo, el nivel que ha alcanzado la presión internacional para el gobierno de Peña Nieto es algo a lo que no está acostumbrado y esas alertas no necesariamente pueden apagarse con soluciones mediáticas y cortoplacistas. Por un lado la Organización de las Naciones Unidas emplazó al gobierno para que conduzca investigaciones efectivas, prontas e imparciales y además exhortó a las autoridades mexicanas a reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones por parte de las víctimas relacionadas con casos de desaparición.
El Parlamento Europeo no sólo emitió un comunicado expresando su preocupación por Tatlaya y Ayotzinapa, sino que en su reunión de Pleno el 23 de octubre llevó a cabo un acuerdo con una firme codena a la desaparición forzada y exhorta a las autoridades mexicanas a realizar investigaciones en las que no se permita margen para la impunidad.
En otro ámbito de presión están los medios impresos como New York Times, The Economist, The Washington Post, El País o Le Monde que no compran el mensaje de que el gobierno mexicano está actuando con efectividad en este asunto.
Al gobierno, la "rendición de cuentas" a los connacionales les resulta cómodamente manejable mientras presentan responsables y cortan cabezas, pero pocos esfuerzos se llevan a cabo para desmantelar las redes de operación que ponen a la política al servicio del crimen organizado. ¿Podrá Peña Nieto satisfacer las demandas de investigación seria que han hecho los organismos internacionales? ¿Para cuánto más le alcanzará su silencio o sus escasas apariciones con discursos saturados de lugares comunes? Llegó el momento de demostrar si a un país como el nuestro se le salva con reformas estructurales o con la reconstrucción institucional que no deja espacio para la corrupción ni la impunidad. Difícilmente optarán por lo segundo, mientras las redes criminales les sigan resultando redituables.
Analista política y activista ciudadana
