Cada día es más evidente de que aun cuando se cumplan todas las previsiones positivas, como resultado de las llamadas reformas estructurales, el presidente Peña Nieto no cumplirá su promesa de campaña de crecer "por lo menos tres veces lo que se ha crecido en los últimos 10 años", que equivale a un crecimiento promedio anual del 6%.
El primer año de su gobierno (2013) el crecimiento del PIB fue 1.1%; para este segundo año, el pronóstico más optimista -que es el de la Secretaría de Hacienda- lo coloca apenas en 2.7%, aunque la mayoría de los analistas apuntan alrededor del 2.3%; y para el año próximo, de acuerdo al Paquete Económico que entregó el titular de Hacienda, Luis Videgaray, es de 3.7%. Así, en el mejor de los casos que se cumplieran los pronósticos de Hacienda en 2014 y 2015, el crecimiento promedio anual llegaría apenas al 2.5%, que es exactamente el mismo que se ha mantenido durante los últimos 30 años.
Al final de la ruta las reformas estructurales tienen sentido si, efectivamente, logran catapultar el crecimiento económico a tasas anuales sostenidas mayores al 5%. Y, por lo menos, a lo largo del sexenio eso no se conseguirá. De hecho en los Criterios Generales de Política Económica, que acompañan la propuesta de presupuesto para el año próximo, el Gobierno federal es un poco más realista de lo que fue el mismo Presidente en su mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno.
Primero reconocen que habrá una reducción de los ingresos petroleros de 7.1%, únicamente por la caída en los precios de la mezcla mexicana y de la producción y exportación de hidrocarburos. Es decir, esa disminución no incluye todavía -pues no entra en vigor el próximo año- el cambio del régimen fiscal de Pemex que se traducirá en una caída muy importante en el ingreso fiscal de la federación. En segundo lugar, reducen en un punto porcentual el crecimiento esperado del PIB, entre otras razones por el menor dinamismo de la economía norteamericana, el debilitamiento de la economía mundial y la elevada volatilidad de los mercados financieros internacionales.
Sin embargo, aunque menos optimista que el planteamiento presidencial, éste sigue siendo optimista, pues no toma en cuenta la debilidad del mercado interno ni las expectativas de los mexicanos, que siguen a la baja, y las deficiencias estructurales de la economía mexicana.
Para ponerlo en términos muy concretos, el pasado viernes 5 de septiembre se dio a conocer el Índice de Confianza del Consumidor, que levanta mensualmente el Inegi, y muestra que por segundo mes consecutivo el mismo sufre una reducción. Y, aunque ésta es mucho menor a la sufrida durante julio (2.55 contra 0.28 por ciento), lo cierto es que nuevamente contradice las expectativas de los analistas económicos, que esperaban un ligero incremento. El componente que muestra mayor deterioro fue el de las posibilidades de comprar bienes durables (muebles y aparatos electrodomésticos) que retrocedió 3.45 mensual; y el otro que mostró una reducción es el que mide las expectativas de los mexicanos sobre la situación económica del país dentro de un año.
En cuanto a los problemas estructurales de la economía mexicana, la explicación que dio Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, en una conferencia ofrecida en el Club Económico de Nueva York, en marzo pasado, es contundente: entre el 30 y 40% de los bienes y servicios incluidos en la canasta básica no funcionan en un mercado competitivo, y puntualizó que entre éstos se cuentan tortillas, pan, cemento y telecomunicaciones.
El mismo funcionario del banco central mexicano fue más realista en esa conferencia y pronosticó que México logrará crecer para el 2018 a tasas alrededor del 5%, es decir, en el mejor de los casos será hasta el último año del actual Gobierno cuando se logre una tasa de crecimiento cercana a la promesa de campaña del presidente Peña Nieto.
Pero esto se lograría sólo si se consiguieran los impactos esperados de las reformas estructurales, entre otros de manera muy importante los que apuntan directamente a mejorar las condiciones de competencia en el mercado mexicano, es decir, la nueva legislación en materia de competencia económica, la de telecomunicaciones -que ya empezó a mostrar sus limitaciones- y la misma reforma energética, que pretende suplir la caída en la producción petrolera de Pemex, con la participación del capital privado, nacional e internacional.
Sin embargo, los resultados de las dos reformas de las que ya hay evidencias -la laboral y la hacendaria- no alientan el optimismo. La reforma laboral no tan sólo no impulsó la creación del empleo formal, sino que durante el primer año de su entrada en vigor los datos oficiales mostraron que hubo una reducción en el crecimiento de casi una tercera parte de los creados en el mismo periodo del año previo (enero-octubre 2012, 860 mil nuevos empleos; en el 2013, 590 mil).
Y, en el caso de la Hacendaria, aunque ha incrementado la captación fiscal ha impactado negativamente la actividad económica y eso es evidente con la reducción en los pronósticos del crecimiento en este año, que empezó precisamente en el mismo 3.7% y que hoy está prácticamente a la mitad, 2.3%.
Así todo indica que, en el mejor de los casos, el ciclo de crecimiento económico del actual sexenio será muy similar al de sus antecesores: apenas alcanzará una tasa aceptable en los últimos dos años de gobierno, pero también incumplirá su promesa de lograr una tasa sostenida promedio arriba del 5% anual.
