Las denuncias y declaraciones de las últimas horas en torno al "haber para el retiro" de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación evidencian tres de los grandes vicios de nuestro sistema político: los engaños y traiciones, incluso al interior de los propios grupos parlamentarios; la irresponsabilidad de los legisladores; y las complicidades de las cúpulas partidistas y los personeros del Gobierno para favorecer intereses particulares.
Desde luego que la nueva disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación resultará costosa para el erario público, pues más allá de los eufemismos se trata de una pensión vitalicia para los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF; también es agraviante para la gran mayoría de la población mexicana, que vive con ingresos apenas suficientes para sobrevivir.
Sin embargo, al menos, igualmente grave es que la forma en que se introdujo dicha disposición en la reforma legislativa aprobada miércoles y jueves pasados en el Congreso de la Unión, evidencia los engaños, traiciones y complicidades a las que recurren las cúpulas partidistas y los personeros del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas para favorecer intereses particulares.
Tras las declaraciones de Miguel Barbosa, coordinador de los senadores perredistas, y de Roberto Gil, uno de los negociadores de los senadores blanquiazules, es evidente que quienes participaron en las negociaciones no únicamente estaban al tanto de dicha disposición, sino que incluso habían dado su aprobación, incluso con plena conciencia de que sus respectivas bancadas lo rechazarían.
Gil declaró que el acuerdo, dentro todavía del Pacto por México, fue no introducirlo en la reforma constitucional, pero sí incluirlo en la reforma legal y hasta precisó: "Posteriormente se tuvo una determinación de simplemente establecer una regla que faculta al Comité de Administración a resolver lo conducente…", exactamente como está la redacción que finalmente se aprobó.
Barbosa da menos detalles, pero también confiesa: "Esa redacción llegó así y así se aprobó por resolver la reforma política en su conjunto…es un asunto de omisiones voluntarias e involuntarias".
Sin embargo, las declaraciones de los senadores blanquiazules Javier Corral, Héctor Larios y Juan Carlos Romero Hicks y de los perredistas Dolores Padierna y Luis Sánchez, quienes estuvieron en las mesas de negociaciones del Senado de la reforma político-electoral, dejan claro que el tema nunca se planteó en dichas mesas.
Y cuando uno revisa el dictamen que se presentó en el Senado y la minuta que se turnó a la Cámara de Diputados, es observable que en los encabezados de la misma simplemente se habla de expedir la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dejando de lado que dicho documento también incluye la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Simplemente, sin subtítulo o señalamiento explícito en la página 396 se incluye un artículo Tercero que da pie para dicha reforma.
Así es un hecho que el tema no se discutió en las mesas de negociación del Senado, se pasó casi a escondidas en la iniciativa y con el acuerdo previo de los coordinadores legislativos y negociadores del Pacto no se les ocultó a las bancadas, por lo menos en el caso de los grupos del PAN y el PRD, que ya mostraron su enojo, y todavía quedaría la duda si los tricolores lo sabían o no, pues ninguno ha dicho esta boca es mía.
Desde luego que esta incorporación subrepticia de la disposición no es explicación y, mucho menos justificación para la ignorancia de los legisladores, ya que es su obligación revisar las iniciativas y analizarlas antes de emitir sus votos en las cámaras.
Más allá de las rabietas de los engañados y las posibilidades de revertir la reforma, con una contrarreforma en el siguiente periodo extraordinario en junio próximo, allí están claramente expuestos los vicios de nuestro sistema político mexicano: el engaño de los negociadores cupulares y los personeros del Gobierno, que colocaron la disposición inadvertidamente para la mayoría de los legisladores; la complicidad de estos mismos actores para sacar adelante iniciativas que benefician los intereses particulares de los siete magistrados; la traición de los líderes parlamentarios y unos cuantos negociadores a los integrantes de sus bancadas al ocultarles los acuerdos a los que llegan en sus reuniones secretas; y, desde luego, la irresponsabilidad de los legisladores que votan las iniciativas sin siquiera leerlas completas.
Lo más grave es que esto debe ser simplemente la punta del iceberg, es decir, "el haber para el retiro" de los magistrados debe ser uno de los acuerdos más inocuos y menos importantes que los personeros del Gobierno y las cúpulas de los tres partidos políticos le oculten a sus militantes, pero sobre todo a la ciudadanía.
Esta es la muestra más palpable y evidente de lo nocivo y antidemocrático que resultó el Pacto por México, precisamente porque más allá de las reformas constitucionales que permitió sacar adelante, también fue el escenario en el que se concretaron los acuerdos de unos cuantos, a espaldas de la ciudadanía, y en su propio beneficio, como hoy es evidente con este botón de muestra. Seguramente en los próximos meses o años se conocerán y, lo peor, se padecerán las consecuencias de estos acuerdos cupulares.
