El pasado martes, el Congreso de la Unión aprobó por mayoría las leyes relativas al seguro de desempleo y a la pensión universal. Hace unas semanas escribí en este mismo espacio que el problema de las pensiones constituye la crisis que viene. Con la mencionada aprobación, le acabamos de agregar 19% del PIB al pasivo contingente del gobierno mexicano. Para aquilatar este número, vale mencionar que la Reforma Fiscal aportará anualmente y si todo sale bien, poco más de 2% del PIB a partir de 2018. De ese tamaño es el compromiso que acabamos de asumir.
Celebro y aplaudo la decisión, e insisto: contar con una verdadera pensión universal en México es indispensable, especialmente por los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos. Se trata de un instrumento esencial para construir un México incluyente, que debe ser una verdadera prioridad nacional. Así lo hemos sostenido en el CEEY desde hace ya tiempo (El México de 2012. Reformas a la Hacienda Pública y al sistema de protección social México, CEEY, 2012). Ahora bien, si es que ya hemos de contar con una pensión universal -al menos en concepto y como política pública - es conditio sine qua non asegurar al menos tres cuestiones.
Primero, evitar tanto la inequidad como el peligro de "distorsiones en el mercado de trabajo"; v. g., evitar que lagente prefiera mantenerse en la informalidad, pues la pensión es sólo para aquellas personas que todavía no están cubiertas. Tal como fue aprobada la ley, los mexicanos aun perciben que los motivos sobran para mantenerse en la informalidad. Adjetivan al esquema como injusto, pues se dará "algo" a quienes no contribuyen (esta gran mayoría no paga impuestos, al menos sobre la renta). Para tener una pensión universal mínima, los beneficiarios no tienen que aportar nada y tampoco sus empleadores. Así, no suena muy justo si comparamos con quienes al trabajar en esquemas formales, pagan sus debidos impuestos… sin embargo, esta percepción no es del todo correcta. El Estado también contribuye con las pensiones -la llamada "cuota social"- de quienes ya están cubiertos. Habría que ver qué subsidio es mayor, si el que hace el gobierno vía la nueva pensión universal, o el que otorga a través de la cuota social que paga al IMSS, al ISSSTE y a los demás sistemas públicos de pensiones. En todo caso, lo justo sería que el gobierno otorgara un subsidio equitativo a todos, para que realmente se tratara de una pensión universal y equitativa.
Segunda cuestión. La inequidad en los sistemas de pensiones actuales alarma; el establecimiento, pues, de la pensión universal simplemente no resuelve. Las aportaciones que hace el Estado a los mexicanos varían de manera importante según el lugar donde se trabaje. Tema conocido es el que las pensiones a los antiguos trabajadores del Seguro Social cuesta al Estado el 100%, pues no hay aportaciones personales de ningún tipo. Asimismo, tampoco es homogénea la edad de retiro ni los años de servicio obligatorio para recibir cualquier tipo de subsidio del Estado. Hay entidades y universidades públicas en donde los empleados se pueden retirar desde los 25 ó 30 años de servicio, sin requisitos de edad mínima.
Lo anterior no es tema trivial: estamos, según lo descrito, ante personas de 45 o 50 años ya jubiladas, a quienes el Estado mantendrá por otros 35 o 40 años. ¿Ilógico? ¿insostenible? Sí, por decir lo menos.
El tercero y último es el financiamiento. Si se habla de una pensión universal, los ingresos para cubrirla deben ser también universales. Se debe recurrir a los impuestos generales, tanto IVA como ISR. Los últimos esfuerzos de reforma -no menores- se basaron esencialmente en el ISR; a un lado y para otro momento se dejó el IVA generalizado a alimentos y medicinas. Como yaapuntaba en este espacio hace dos semanas, el anuncio reciente de la Secretaría de Hacienda de no mover la estructura fiscal por el resto del sexenio, deja el balón del IVA en la cancha del gobierno siguiente. Se trata de patear el bote. No hay nada de extraño, lo hemos padecido mil veces…
Centro de Estudios Espinosa Yglesias
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