El rumor en el pueblo es que existía una especie de teléfono rojo que conectaba las oficinas del director del medio con las del director de comunicación social del Gobierno del Estado. La gente suponía que todas las noches, antes del cierre de la edición, salían de este teléfono instrucciones precisas dictando encabezados u ordenando las principales notas del día siguiente. En aquel entonces todos sabían que el gobierno pagaba toneladas de dinero al medio, pero nadie conocía precisamente cuánto. Todos entendían también que los "servicios" que ofrecía el medio no se limitaban a dar publicidad a los programas gubernamentales. No era casualidad que la "tarifa política" que cobraba este medio fuese inmensamente más cara que la "tarifa comercial." La razón era obvia. El dinero del gobierno no compraba solamente cintillos publicitarios, sino también el derecho de presentar como "noticias" loas inmerecidas al gobernante, o como "investigaciones especiales" descarados ataques a quien incomode al régimen.
Así eran las cosas. Cada mañana, la gente recibía su dosis de propaganda, y cada quincena los señores del medio cobraban su chequecito. La gente hacía contabilidad de servilleta. Asociaban la nueva casa del empresario con el último proceso electoral, o la expansión del medio a una nueva ciudad al período de un gobernador en particular. La legislación de transparencia -tan a la vanguardia- siempre estuvo a diez cuadras del desfile. En el mejor de los casos, la autoridad informaba que el medio recibía una cantidad justa, razonable, republicana. Quizá el gobierno pagaba la diferencia con contratos de obra, o de renta de aviones, o con consultorías por diversos servicios profesionales. Finalmente, hay empresarios de los medios que también pueden facturar como contadores, o abogados, o propietarios de gimnasios, y en todo caso la contabilidad gubernamental era tan opaca que era fácil llenar un portafolio con billetes provenientes de algún subejercicio. El caso es que para nadie era un secreto que la frontera que separaba lo editorial de lo comercial era (¿es?) tremendamente porosa, y que para no pocos empresarios de los medios -como este que hoy refiero- el único modelo de negocio que funciona consiste en vender ambos en paquete.
Donde muchos observadores se equivocaron es en suponer que el acuerdo entre este medio y este gobernante era del tipo convencional. Ya saben, un acuerdo de arrendamiento simple, mediante el cual el empresario transfiere temporalmente el uso y goce de la línea editorial de su medio a un puñado de oscuros funcionarios encargados de la propaganda del gobernador. El error es perdonable, pues finalmente la gente de este pueblo estaba acostumbrada a este tipo de convenios. Hasta las voces más críticas terminaron por justificar el arrendamiento periodístico, pues comprendieron que donde no hay suficientes suscriptores dispuestos a pagar por las noticias ni suficientes empresarios dispuestos a consumir publicidad, el periodismo local no puede sobrevivir sin financiamiento público. Sin embargo, en esta ocasión se trataba de algo distinto. La relación de protección mutua no sería temporal, sino permanente.
Un pequeño indicio de esto se dio cuando el gobernador declaró públicamente que le gustaría ser periodista una vez terminado su mandato. En aquel momento muchos pensaron que el comentario era solamente una ocurrencia para añadir la colección. Sin embargo, hoy sabemos que ese gobernador hacía negocios personales con empresarios de la comunicación, que su secretario personal compró acciones en diversos medios y que en todo caso, la línea editorial de ese periódico no ha cambiado ni un ápice. Aún cuando la evidencia de las corruptelas de ese sexenio comenzó a brotar de todas las ventanas, ese medio continuó distrayendo a la opinión pública con medias verdades y mentiras completas. Valga el más reciente ejemplo para ilustrar. Esta semana el San Antonio Express-News publicó un extenso reportaje documentando la forma en que familiares, socios y colaboradores cercanos de Humberto Moreira se convirtieron en terratenientes al norte del Bravo. Mientras tanto, el Periódico Zócalo se ha limitado a publicar que uno de los acusados es casualmente primo del alcalde panista de Saltillo, y que el tesorero municipal también tiene negocios en Texas. Puede arder Troya, pero en ese medio se ataca siempre primero a los enemigos de Humberto Moreira.
¿Habrá cumplido Humberto su sueño de ser periodista? Lo único claro es que el exgobernador no necesita de ningún teléfono rojo para que el Periódico Zócalo continúe protegiendo sus intereses. Desde que el exgobernador corrió al Grupo Reforma de Coahuila y financió con recursos públicos la llegada de Zócalo a Saltillo sus editores desarrollaron un instinto automático, que equipara los intereses políticos de la familia Moreira con los intereses comerciales de su empresa. Quizá estamos frente a otra muestra de la genialidad de Humberto Moreira. Sólo él logró transformar al mercenario en cómplice.
