Temor. Debido al temor que genera haber sido víctima de un hecho de violencia, muchas familias no denunciaron la desaparición.
La ola de violencia que se vivió en Durango años atrás todavía lastima a familias de personas cuyo paradero aún se desconoce.
Esta situación, además del golpe emocional y a la salud que representa para los familiares, también repercute en limitaciones para acceder a prestaciones legales por dicha ausencia.
Ismelda Flores, titular de la Comisión de Atención a Familiares de Víctimas de la Violencia, explicó que desde 2011 a la fecha se han obtenido 182 actas de presunción de muerte, la cual se otorga mediante juicio cuando se comprueba que alguna persona lleva más de un año desaparecida.
"Efectivamente desaparece la situación de inseguridad, pero ésta es la consecuencia que dejó esa ola de violencia y van a tardar muchos años para que Durango pueda superar una situación así", manifestó.
Enfatizó que si bien las familias no superan las pérdidas generadas por diversos actos de violencia, paulatinamente a nivel social se recupera la tranquilidad sin que ésta se haya consumado.
En abril de 2010, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil que permitió promover el juicio de presunción de muerte a un año de que se interpusiera la denuncia por desaparición; en algunos casos, las personas cuyo paradero se desconocía fueron halladas en las diferentes narcofosas descubiertas en la ciudad de Durango en 2011.
Sin embargo, Flores Morales se dijo consciente de que las 182 actas de presunción de muerte corresponden únicamente a desapariciones denunciadas, pero que existe un número todavía desconocido de personas cuya desaparición nunca llegó hasta las autoridades.
"A nosotros nos ha pasado que de esos desaparecidos ni siquiera había denuncia".
El acta de presunción de muerte permite a sus familiares acceder al Seguro Social, a realizar negociaciones con el Infonavit y a cobrar seguros de vida, entre otros trámites, debido a que la gran mayoría de las personas desaparecidas eran los proveedores de sus hogares.
Las instituciones gubernamentales aceptaron el acta de presunción de muerte como equivalente a la de defunción, a pesar de que en la legislación que las rige no se encontraba establecido dicho documento como parte de los requisitos.
