La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que atrajo la investigación sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y envió a un equipo de expertos forenses a Guerrero para realizar los dictámenes periciales con el fin de identificar a las víctimas localizadas en fosas clandestinas ubicadas en Iguala.
Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), indicó que por instrucciones del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se determinó la competencia federal de dicha indagatoria.
Confirmó que diversas personas, presuntamente vinculadas con la desaparición de los estudiantes ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación.
PIDEN DESAFUERO
Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, dijo que expertos se trasladaron a Guerrero para realizar los peritajes de investigación de las víctimas encontradas en las fosas clandestinas localizadas este sábado.
Al leer un breve comunicado, Zerón dejó en claro que un hecho tan indignante no pude quedar impune. "Habremos de poner toda la fuerza del Estado para esclarecer este acontecimiento", sentenció.
Ninguno de los dos funcionarios expuso que existan indicios de que las víctimas pudieran ser alguno de los normalistas reportados como desaparecidos.
El pleno del Noveno Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acordó expulsar de las filas de este instituto político al alcalde con licencia de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca.
En un pronunciamiento que aprobaron de manera unánime, también se exigió que el Congreso del estado inicie el juicio de procedencia para el desafuero de José Luis Abarca y se proceda a su inmediata detención.
"Las y los integrantes de este Consejo Nacional consternados y hondamente preocupados, demandamos al conjunto de la sociedad mexicana que sea informada y oportunamente del avance de las investigaciones y exigimos que se inicie el juicio de procedencia para el desafuero y la consecuente detención del hasta ahora alcalde con licencia José Luis Abarca, al mismo tiempo que hemos decidido su expulsión inmediata del PRD", leyó Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional.
De manera paralela, agregó que el Presidente de la República, como jefe del Estado mexicano, es el responsable de la paz, de la seguridad pública y la seguridad nacional y por ello, no debe rehuir ese mandato constitucional.
"Nadie puede mantener en silencio la omisión y la indiferencia ante abominables acontecimientos como lo de Iguala, Tlatlaya, Jalisco, Tamaulipas y Michoacán.
