Ante lo que calificó como una 'grave crisis de seguridad pública', la asociación civil México Unido contra la Delincuencia (MUCD) pidió la creación de un plan estratégico de combate a la corrupción e impunidad que sanciones a las autoridades negligentes y cómplices de los tres poderes y en los tres niveles de gobierno.
En un comunicado, aseguraron que "los eventos de Iguala y Tlatlaya deben ser el punto de quiebre y de no retorno que se debe emprender en todos los niveles de gobierno para lograr una verdadera recomposición de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública".
La organización aseguró que la corrupción y la inseguridad ha llegado a niveles inusitados "aún para nuestro país" y los ciudadanos se enfrentan a la pérdida de libertades que "ha rebasado todo nivel de lógica".
El plan deberá tener como ejes reactores la transparencia en la gestión de los recursos públicos, la rendición de cuentas, la simplificación de todos los procesos de denuncia pública, la implementación del sistema penal acusatorio y la depuración de las instituciones públicas y de procuración de justicia.
MUCD calificó como "atroz" que haya autoridades involucradas en actos delincuenciales que "lesionan la vida e integridad humana".
Además del plan, pidieron al presidente Enrique Peña dedique las iniciativas preferentes de los próximos tres años a los temas de combate a la corrupción; reglamentación a todos los niveles de autoridad para la rendición de cuentas y transparencia, así como el establecimiento de un nuevo orden policial en todo el país.
Al Congreso de la Unión demandaron una legislación que obligue a todos los candidatos a partir del 2015 a publicar sus declaraciones patrimoniales y de impuestos de los últimos cinco años, mientras que al Consejo de la Judicatura Federal solicitaron sanciones para los funcionarios que tengan activos de origen inexplicable.
