Cambios. Se eliminaron los 'candados legales' para que parejas del mismo sexo puedan adoptar menores en Coahuila.
El líder de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eliseo Mendoza Berrueto, pidió al obispo de Saltillo, Alonso Gerardo Garza, no hacer proselitismo.
Tras la eliminación de los "candados legales" para que parejas del mismo sexo puedan adoptar menores en Coahuila, el obispo nigropetense ha exhortado a los legisladores a "recapacitar", al mismo tiempo en que pidió a la ciudadanía votar por los políticos que "en verdad" los representen.
"Yo creo que se están pasando un poco de la línea, porque el oficio de la iglesia tiene otras finalidades que tienen que ver con la fe, las creencias y la vocación por trabajar por la comunidad", expresó Eliseo Mendoza Berrueto.
Asimismo reiteró que "no darán marcha atrás" en la eliminación del articulo 358 del Código Civil de Coahuila, que establecía la prohibición para que las parejas unidas por el Pacto Civil de Solidaridad adoptaran.
El pasado jueves 27 de marzo integrantes de la Diosesis de Piedras Negras, empresarios y evangelistas acudieron al Palacio Legislativo para entregar 25 mil firmas que respaldaban su postura en contra de las adopciones en parejas lésbico-gay.
"Hacer proselitismo político no es tarea de la iglesia. Hace muchos años que Benito Juárez estableció muy claro cuál es el papel de cada institución", dijo el legislador priísta Mendoza Berrueto.
Asimismo lamentó la postura de la Diócesis de Piedras Negras al indicar que eso atentará contra los derechos de las personas.
"Somos un país laico y no tenemos por qué revolver esas cosas. Yo invitaría al obispo a hacer una reflexión más tranquilo y calmado. Y que no levante controversia. La iglesia no se merece que haya una crítica de esa naturaleza, porque es muy respetable" puntualizó.
Cabe mencionar que la eliminación del artículo 358 del Código Civil se realizó el pasado 11 de febrero y el 16 de ese mismo mes se recolectaron las firmas en Piedras Negras y Acuña.
Sin embargo el Tribunal Superior de Justicia del Estado determinó desde 2010 inconstitucional la prohibición en la adopción de menores en parejas lésbico-gay.
