El presidente municipal de Pueblo Nuevo, Óscar Leonel Martínez Herrera, tiene una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el delito de desobediencia y desacato a un mandato administrativo por lo que de un momento a otro se solicitará al Congreso local proceder con el desafuero del alcalde para continuar con la investigación.
Los extrabajadores municipales Sergio Soto, Carlos Aguilar, Juan Carlos Arévalo y otros dos más fueron dados de baja en septiembre del 2010 de la administración municipal de Pueblo Nuevo. Desde entonces iniciaron una demanda laboral contra la Presidencia Municipal, en ese entonces presidida por José Guadalupe Barrios, para que les pagara su liquidación.
Sin embargo, en la Presidencia Municipal hicieron caso omiso a la liquidación de estos extrabajadores; incluso, ya se cambió de alcalde en dos ocasiones: entró Francisco Delgado Almonte en diciembre del 2012 y tampoco le interesó cumplir con la liquidación y el primero de septiembre del 2013 entró Óscar Leonel Martínez y las cosas siguieron igual.
El 19 de noviembre del 2013 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió un fallo en favor de los extrabajadores y solicitó el embargo de las cuentas bancarias de la Presidencia Municipal de Pueblo Nuevo hasta que se cubriera el monto de los 2.5 millones de pesos que les adeudaba.
No obstante, a pesar del ordenamiento de un tribunal para evitar movimientos de la Presidencia Municipal, las autoridades del banco permitieron que el Alcalde continuara haciendo sus retiros de forma normal pasando por alto el mandato de un tribunal.
Ramón Guzmán Benavente, asesor legal de los ex-trabajadores, señaló que el banco cometió una irregularidad que se tiene que sancionar; por ello se presentó la denuncia ante la Fiscalía General contra el alcalde Óscar Leonel Martínez y contra el asesor jurídico del banco por desacato y desobediencia.
La Fiscalía ha iniciado este proceso contra el alcalde Óscar Leonel Martínez y contra el asesor legal del banco, aunque para el primero necesita que el Congreso inicie un juicio de procedencia, mejor conocido como desafuero, para poder continuar con el proceso. Por ello la Fiscalía solicitará al Congreso inicie con este juicio.
