Hemos visto que las protestas pidiendo cambios estructurales se han multiplicado, algunas violentamente, El gobierno tomó primero la actitud de ignorarlas para no intervenir con violencia y evitar así aumentar aún más el descontento generalizado, tal vez esperando que la población se canse. Los medios de comunicación que están coludidos con el gobierno, están usando la estrategia de subrayar sólo los daños e inconvenientes provocados por algunos pocos, en vez de hacer ver el despertar de los mexicanos cansados de tantos abusos y que están exigiendo un cambio; quieren crear la impresión de que es malo manifestarse; que los reclamos son cosa de antisociales, que es mejor volver a la calma. Sin embargo las televisoras oficiales han perdido credibilidad, la población descubre, intuye y sospecha estas "trampas".
Ahora se levantan voces de personajes pidiendo "respeto a las instituciones", "pidiendo paz y legalidad". Esperan el cansancio de los demandantes, aunque ahora parece más difícil que esto suceda, dada el grado de hartazgo al que ha llegado la población que, está cansada, pero de tantos abusos, ineficiencias, corrupción e impunidad. Han sentido el dolor de los padres de los estudiantes desaparecidos y han entendido que la cuestión es muy grave y que está afectándonos a todos. Está descubriendo además que es factible un cambio estructural y que sólo ese cambio es el que podrá satisfacer las demandas. ¡Ahora o nunca!
Pero es insuficiente protestar, si no se pasa a exigir, proponer, hace falta organizarse para pasar a propuestas que vallan desde políticas públicas hasta iniciativas locales que sean eficaces y recojan consensos. La Laguna tiene que ser ejemplo de transformación para el país. Concretizada por ejemplo en una policía capacitada y suficiente en Lerdo y Gómez (no sólo treinta), en la adecuada aplicación de los recursos de la comunidad, en la prestación de los servicios básicos a la comunidad. Dando un nuevo rostro a nuestra calles (oscuras, sucias, desordenadas…), con transportes públicos dignos, rápidos y económicos (metrobus) como lo había prometido el presidente Peña Nieto, con más promoción verdadera de la cultura y no sólo espectáculos, con verdadero remozamiento de espacios públicos, libres de ambulantaje y basura, con iluminación, con seguridad, en fin, que necesitamos ver que nuestros impuestos se usen con transparencia y eficacia. Aquí en La Laguna, como en todo el país, también decimos: ¡¡¡ya basta!!!
Con el fin de ofrecer una agenda organizad de propuestas concretas de transformación, un grupo importante de organizaciones de la sociedad, especialmente interesadas en la promoción de la paz, llamado RedEs por la Paz, que agrupa a la Academia E (Ciudad de México), Flor y Canto (México), Instituto para la Paz (Cuernavaca), Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl (Iztapalapa), Laguneros por la Paz (La Laguna), Centro Lindavista (Ciudad de México), ofrece propone un camino progresivo de transformación. Es un programa para salir de la crisis política y moral, para que no se repita cualquier hecho de violencia e incumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado Mexicano.
La crisis del país exige una reforma radical de un orden jurídico e institucional que ponga fin a la colusión entre crimen organizado y clase política. La impunidad colectiva de la clase política a partir de su acuerdo interno consistente en que en materia electoral la única regla es que no hay reglas, ha conducido, de manera indirecta, a miles y miles de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones y robos en una magnitud sin paralelo en la historia contemporánea del país. Las muertes y las desapariciones de normalistas en Iguala es la gota que derrama el vaso de una debacle moral e institucional del Estado mexicano. Para salir de ella no basta exigir que se castigue a los culpables de esta última gravísima violación de los derechos, si bien ese es el primer paso indispensable. Es necesario cambiar de raíz las condiciones que han permitido esa y todas las aberrantes violaciones a los derechos humanos que han sufrido decenas de miles de ciudadanos mexicanos en los últimos años. La sociedad civil debe articular sus demandas y movilizaciones en torno a un programa común de reformas de fondo del estado mexicano que permitan crear los cimientos de un verdadero Estado de Derecho. No habrá soluciones mágicas ni de corto plazo que resuelvan un problema cuya naturaleza es estructural.
Sólo una vasta alianza social con una propuesta común de la sociedad frente a la clase política, puede empujar las reformas que hoy el país y la región necesitan con urgencia. Estos son los ejes guía de este gran acuerdo nacional, para obligar a las clases dominantes en su conjunto a atenerse a la ley y moverlas a crear las instituciones que requiere la existencia de un verdadero Estado de Derecho:
1.- Poner fin a la impunidad política. La presidencia de la república puede retomar un nuevo rumbo, presentando inmediatamente una iniciativa preferente para acabar con la figura del fuero en todos los órdenes de gobierno, y hacer lo mismo en todos los estados.
2.- Autonomía inmediata y verdadera de una Fiscalía General de la República. Con un método de nombramiento de su titular que involucre consultas a la sociedad y la intervención de los tres poderes, para que tenga legitimidad, transparencia y seguridad jurídica y política Lo mismo debe hacerse en todos y cada uno de los estados del país.
3.- Policías con vigilancia de la sociedad. La creación de un monitor civil, con participación de ONGs profesionales y universidades públicas para garantizar la autonomía del sistema de vigilancia del desempeño policial.
4.- Fortalecimiento real de las Comisiones de Derechos Humanos. Reformando la ley para darles capacidades reales para iniciar procesos legales contra autoridades que violen los derechos humanos, dándoles además a sus consejos ciudadanos poderes efectivos de contraloría sobre el desempeño de sus titulares. Deben contar con verdadera autonomía política y operativa, por lo que el nombramiento de sus titulares debe pasar por un proceso de preselección avalado por universidades y organizaciones de la sociedad civil.
5.- Autonomía real de las instituciones autónomas. Debe haber un pacto de la clase política para poner fin al reparto de posiciones en esas instituciones y establecerse legalmente que en esos organismos colegiados debe haber una proporción de representantes de la sociedad civil y de las universidades públicas.
6.- Respeto real a las leyes electorales. El pacto de impunidad de la clase política ha implicado la licencia colectiva para pasar por encima de todo límite financiero, regulatorio y moral contenido en las leyes electorales. Eso es lo que ha permitido la generalización de la alianza mafiosa entre el crimen organizado y la clase política. Cumplir los límites, aplicar las regulaciones, transparentar el financiamiento de las campañas es hoy una necesidad ineludible para la sobrevivencia misma de la democracia electoral.
7.- Reforma inmediata del poder judicial. La autonomía y profesionalización efectivas del poder judicial como condición para la construcción del estado de Derecho. Generalizar la reforma a todos los ámbitos de la justicia. Nuestro país padece una inconmensurable crisis de acceso a la justicia. La reforma penal es apenas el inicio de una transformación institucional y cultural largamente pospuesta. Se requiere un cambio de perspectiva y de institucionalidad semejante en los campos civil, laboral, agrario, ambiental y electoral.
La patria misma nos hace un llamado a todos a reaccionar. El país necesita un nuevo rumbo y es sólo con una acción conjunta, decidida y organizada como se podrá lograr este cambio. Esta propuesta puede ser incluso salvadora para un gobierno que ha dado muestras de incapacidad. Es necesaria la acción conjunta de pueblo y gobierno para construir la paz con justicia y dignidad. Las manifestaciones de solidaridad con los desaparecidos de Ayotzinapa y de inconformidad con las autoridades, la mayoría pacíficas, deben pasar de protestas a propuestas.
