La ejecución del mexicano Édgar Tamayo Arias por parte del Gobierno de Texas el pasado miércoles 22 de enero, pone de nuevo el tema de la pena de muerte como un argumento a profundizar. Su licitud ha aparecido muchas veces como una cuestión ya suficientemente aprobada, mientras hoy las argumentaciones aportadas a su favor, no sólo no se muestran convincentes sino que frecuentemente estamos llevando a ver más justo el parecer de aquellos que condenan una tal práctica judiciaria.
Se diría que en el juicio sobre la licitud tienen un gran rol las emociones, en cuanto que la opinión de muchos viene condicionada por experiencias amargas como la ejecución de condenas manifiestamente injustas de parte de un sistema dictador. Al contrario puede suceder que el recrudecimiento de la criminalidad que tenemos actualmente en nuestra región y país, con sus formas cínicas y despiadadas de las que hemos sido testigos y hasta víctimas, puede empujar a muchos a invocar la pena de muerte como el único remedio eficaz.
La dificultad mayor está precisamente en el hecho que si nos adentramos en la historia milenaria de nuestra civilización, vemos que el tema ha tenido una extraña evolución: El sentimiento de reprobación contra una pena tan deshumana que culminaba en la muerte del condenado, o bien, la certeza de que el sistema de una generosa pena capital mejora los resultados del combate a la delincuencia. Esta segunda opinión ha tenido prevalencia cada vez mayor ante la violencia que nos aqueja. Si es verdad que poner esta pena por parte de un estado podría justificarse por gravísimos motivos, éstos cada vez están siendo cosa que tuvieron en el pasado explicaciones históricas y culturales, pero que hoy, a la luz del empuje de hombres de buena voluntad, no se puede ya sostener que la pena de muerte sea un castigo adecuado a la dignidad de las personas humanas.
De todos es sabido que la pena de muerte fue conocida y aplicada por todos los pueblos desde los tiempos más antiguos, sin embargo, el número de autores en contra de la pena de muerte, o porque no le reconocen al Estado el poder de infligir este extremo e irreparable castigo, o porque sostienen su aplicación inoportuna y contra un espíritu humanitario, se engrosan cada vez más, con la aportación de motivaciones más consistentes en cuanto a amplitud y más convincentes en cuanto a calidad.
El Vaticano II comporta novedades en este campo. Afirma solemnemente el respeto por la persona humana, "de modo que los individuos deban considerar al prójimo, sin excepción alguna, "como otro yo", tomando en cuenta su vida y los medios necesarios para vivirla dignamente… Sobre todo urge la obligación de convertirnos generosamente en prójimos de todo hombre y sirvamos con los hechos a quien pasa a nuestro lado" (Gaudium et Spes n. 57). No habla explícitamente de pena de muerte, pero se convalidan los principios y enseñanzas que la excluyen cuando afirma que está prohibido "todo aquello que va en contra de la vida misma como toda especie de homicidio… todo aquello que viola la integridad de la persona humana... todo aquello que ofende la dignidad humana… todas estas cosas y otras similares, son ciertamente vergonzosas y, mientras denigran la civilización humana, se contaminan aún más quienes así se comportan… y agravian gravemente el honor del Creador" (n. 51). La altísima misión confiada a los hombres de defender la vida, debe ser cumplida al modo humano, Quien se equivoca o se ha equivocado, incluso gravemente, conserva siempre la dignidad de persona humana… Sólo Dios es Juez y escrutador de los corazones, por eso prohibe juzgar la culpabilidad interior de nadie.
Se habla de dignidad de la persona humana, de prohibición de cualquier especie de homicidio. La ejecución de una condena a muerte es no sólo asesinato simplemente, sino frecuentemente una bárbara supresión de un ser humano con el añadido de la crueldad material y de la maldad de las circunstancias, como la espera en la cárcel sin la posibilidad de hacer los propios derechos de ser pensante y tal vez hasta inocente. Además el caso de Édgar Tamayo contraviene tratados y tribunales internacionales.
El señorío de Dios sobre la vida y el objetivo confiado al hombre de protegerla, no pueden consentir a nadie, aunque se crean los dueños del mundo, de sustituir a Dios en decretar el fin de la existencia terrena de un hombre. El condenado conserva siempre la dignidad del hombre. Se trata de un atributo esencial de la persona humana que no puede depender ni de otro hombre, ni de la sociedad, sino que forma parte integrante de la constitución ontológica del ser de persona, por tanto nadie, ni siquiera la superpotencia norteamericana, tiene el poder de sobrepasar los límites de sus atribuciones invadiendo lo que corresponde solamente al Creador. Nos encontramos ante una usurpación de poder por parte de la creatura y esto es decididamente ilícito. Es condenable, pues la dura represión que ignora las solicitudes de clemencia que de muchos lados se han levantado contra ésta y otras ejecuciones.
La vida humana, cualquiera que sea la condición de quien la vive, es igualmente sagrada y absolutamente inviolable, porque es la única creatura que Dios ha querido por sí misma. Sólo Dios es señor de la vida, desde su inicio hasta su fin natural. (Enseñanzas de Juan Pablo II). Aunque se haya manchado con un gravísimo delito. Sólo se justifica matar a alguien en caso de legítima defensa y no con la intención de matar, sino como consecuencia, no querida, de proteger la vida propia. La pena de muerte es un acto contra la persona humana. Incluso el delincuente más obstinado, no pierde su dignidad de persona porque forma parte de su ser y no es producto de la voluntad del individuo.
¿Los valores que se invocan como razones a favor de la pena de muerte son verdaderamente valores? Comparar con la legítima defensa, el Estado que se defiende con la muerte del reo, directamente querida, convertido en inofensivo, encadenado, ¿es apropiada? ¿Se debe reconocer más bien en la sociedad un exceso de defensa contra un hombre desarmado e indefenso? ¿Cómo puede la muerte de un hombre, violenta y fríamente querida, reestablecer el bien común que con la acción mala del malhechor ha sido cometida?
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