Propuesta. Ricardo Anaya, presidente del PAN, lideró la rueda de prensa donde se dio a conocer el proyecto anticorrupción.
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, presentó ayer en México una propuesta para crear un sistema nacional anticorrupción, integrado por un conjunto de órganos de formación pública y ciudadana y que sirva para acabar con la impunidad en estos delitos.
Este sistema, apuntó Anaya en la sede nacional del partido, supone un combate "frontal, radical e integral" contra la corrupción.
El tema es fundamental, insistió, considerando que "es la preocupación y la necesidad más urgente para este país, atenderla es prioridad.
El primer organismo integrado en esta propuesta sería un Consejo Nacional, con participación pública de todos los órganos que actúen en el sistema y representación ciudadana.
A éste le acompañaría un Comité Ciudadano para la Ética Pública, en el que intervendrían, según el PAN, ciudadanos "de reconocido prestigio en materia de combate a la corrupción".
Este órgano se encargaría de crear observatorios ciudadanos a lo largo del país, así como de la formulación de propuestas y denuncias.
En cuanto al control interno y externo, la propuesta incluye el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, respecto a las materias de auditoría e investigación.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambas "absolutamente independientes del Poder Ejecutivo", verían ampliadas y reforzadas sus funciones para convertirse en los dos órganos responsables de auditar el uso de los recursos públicos y de la recepción de las propuestas y denuncias ciudadanas.
Con esto los ciudadanos, aseguró Anaya, tendrían la "garantía" de que sus denuncias darán lugar a "investigaciones serias, realizadas por órganos autónomos" y que habrá "consecuencias para los corruptos", ya que la Fiscalía tendrá la obligación de actuar y "ejercer acción penal" para llevar a quienes cometan este tipo de delitos a la cárcel.
Los órganos que dependen de los presidentes municipales, los gobernadores o el presidente de la República verían desaparecer su facultad de sanción, que pasaría a manos de jueces en materia penal y al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que también se transformaría en un Tribunal Federal de Cuentas.
Por último, la intención del PAN es que este sistema se reproduzca a nivel local en los estados y municipios.
Anaya subrayó el "alarmante" costo que supone la corrupción para el país, que representa 9 puntos porcentuales del PIB mexicano anualmente.
Según datos de la organización Transparencia Mexicana, los hogares cuyos ingresos no alcanzan el salario mínimo destinan el 25 % de sus ingresos al pago de sobornos "para procesar trámites o acceder a servicios básicos".
La corrupción también repercute directamente en la entrada de inversores, ya que, como ha recordado el político, este problema es el valor más negativo que los empresarios extranjeros asocian a México.
