Obligados como estamos todos los mexicanos y, particularmente, quienes escribimos para la prensa, ahora que vivimos una crisis nacional de singulares dimensiones y de consecuencias incalculables detonada por el caso Ayotzinapa, nos avocaremos a expresar con honestidad nuestra percepción de la acción gubernamental frente a la cruda realidad que vivimos.
Hemos escuchado con atención el discurso que el presidente Enrique Peña Nieto dirigió a la nación el pasado jueves 27 de noviembre y, desgraciadamente, no encontramos motivos para alentar una pronta y efectiva salida al flagelo de la inseguridad que tiene acorralada y aterrorizada a la sociedad mexicana.
Nos pareció la pieza oratoria del presidente un discurso de toma de posesión; como si estuviera dirigido a un auditorio ávido de conocer el proyecto esperanzador de un gobernante que se estrena. Escuchamos al mismo presidente que durante los dos últimos años, es más, desde antes, desde su campaña electoral, nos ha aplicado todos los días, en todos los medios de difusión la reiterada frase "voy a enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar…".
A la fecha, por gestiones del presidente de la República se ha modificado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en diversos artículos, para promover las reformas Educativa, Fiscal, Energética y de Telecomunicaciones, entre otras, con resultados nulos la inicialmente mencionada, y en los otros tres casos, controvertidas.
Un buen número de mexicanos por no decir la gran mayoría, estamos convencidos de que es mínima la necesidad de reformar leyes, más bien, lo que se impone es aplicar la ley vigente sin distingos. Lamentablemente surge de inmediato el problema: antes de apretar a los gobernados, debieran primero apretarse a sí mismos los gobernantes.
El presidente Peña Nieto hasta pasados dos años de ejercer su mandato, se puso a mano con la debida y clara presentación de su Declaración Patrimonial de Bienes, misma que puso a disposición del público; documento que es obligatorio presentar al inicio de su encargo para toda persona que llegue a ocupar un cargo público en lo gobiernos federal, estatal y municipal, so pena de ser multado o destituido del cargo.
No se necesitan nuevas leyes para que los encargados de perseguir los delitos y de juzgar a los delincuentes cumplan con el objetivo fundamental del Estado de proporcionar seguridad a los ciudadanos. Existen en las Procuradurías de Justicia federal y estatales, agentes Visitadores del Ministerio Público, que tienen como función supervisar a quienes tienen a su cargo la integración de las averiguaciones penales; igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Superiores de Justicia de los estados, con erogaciones considerables de recursos presupuestales, han sido dotados de Consejos de la Judicatura que auditan a los Magistrados y Jueces sobre el desempeño de sus funciones. ¡Que se pongan a trabajar!
El ejercicio del poder público, a juicio de la gran mayoría de los mexicanos, anda mal; la insatisfacción social en nuestro país lo refleja. La corrupción en todos los niveles frena las actividades productivas y desestimula la iniciativa y creatividad de nuestros conciudadanos: se reducen cada día las oportunidades de satisfacer las necesidades más esenciales. Se esperaba el anuncio de cambios en las dependencias que lejos de cumplir con su objetivo están deteriorando la imagen del gobierno; pero, cosa inesperada, el presidente asumió él solo la responsabilidad del estado de cosas.
Sin voluntad política, sin ordenar primero la casa, para después recomponer el país no podemos avanzar. El problema es de todos ("todos somos Ayotzinapa", sí, pero por estar al arbitrio de los arbitrarios), esto es una gran verdad, pero le toca encabezarlo a quienes reclamaron para sí el encargo de ejercer el quehacer público. Nuestro pueblo ya no cree en las manoseadas comisiones ni en las fiscalías especiales, para abordar y supuestamente resolver los problemas emergentes. Un Sistema Nacional Anticorrupción, sólo engrosaría la ya obesa burocracia nacional. O díganme ustedes, amables lectores, ¿es indispensable un Sistema tal para enjuiciar a Humberto Moreira Valdés por el mega desfalco, a todas luces visto, sufrido por el Estado de Coahuila y, más aún, cuando su secretario de Finanzas está preso en los Estados Unidos, por lavado de dinero, presumiblemente sustraído del Erario?
En los años cuarenta y más atrás, a los asaltantes de caminos y los ladrones que tenían asoladas a las poblaciones, los agentes de los rústicos cuerpos policíacos, les aplicaban la ley fuga o los colgaban de los postes del telégrafo como ejemplar castigo, y regresaba la tranquilidad entre los moradores de los pueblos. ¡Claro!, esos eran otros tiempos que ojalá no se repitan. No somos partidarios de las arbitrariedades ni de la pena de muerte, que para eso están las leyes que deben de aplicarse no importa si sean amigos, correligionarios o parientes. ¡La ley, es la ley!
El pueblo mexicano tiene hambre, 50 millones de pobres lo gritan a diario. Tiene hambre de justicia, de tranquilidad. Pues que se apliquen los programas de apoyo social y de desarrollo económico en todo el país, no solo para apagar los focos rojos en tres o cuatro entidades. ¿O por atender dos que tres, queremos que se descuiden otros estados que "no están en un lecho de rosas"? Que se erradique la violencia y la corrupción para que vuelva a campear el trabajo y la felicidad. ¡La Laguna lo añora!
Las demás propuestas presidenciales pueden esperar: La clave única de identidad (nos aguantamos con nuestra credencial de elector con fotografía), y podemos seguir con el 066, aunque se tarden los servicios de seguridad en acudir en nuestro auxilio. La transparencia en las compras y las licitaciones se resuelve aplicando todo el peso de la ley a las primeras infracciones y de seguro que no se repetirán. Reinando la democracia y la justicia social en el México del siglo XXI, se darán por añadidura el respeto a los derechos humanos, un salario mínimo que no constituya una burla para los trabajadores, y automáticamente se ampliará el diálogo con la sociedad.
Hoy, como ayer en 1968, el sacrificio de estudiantes y el alarido de sus madres despiertan de nuevo la conciencia nacional. El movimiento estudiantil que fue reprimido por el ejército con la masacre de Tlatelolco aquel infortunado 2 de octubre, se presenta con una nueva faceta trágica, la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (26 de septiembre), a manos de los cuerpos policíacos coludidos con la delincuencia organizada, que por el tiempo transcurrido es presumible ya no vivan. Esta vez, la ciudadanía nacional, harta de navegar en un ambiente de inseguridad y zozobra, ha tomado las calles de todo el país para manifestar su repudio al mal gobierno. Nos encontramos dentro de quince días, D. M. Agur.
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