Ya estuvo: la culpa de la inseguridad, la violencia y la impunidad es del municipio. De las policías municipales, si se quiere particularizar. Al menos así pareció sugerirlo el presidente Enrique Peña Nieto el jueves al presentar su estrategia para hacer frente a la crisis detonada por los acontecimientos de Iguala.
Tres de las 11 medidas anunciadas tienen como fin reducir las facultades, autonomía y margen de acción de los gobiernos locales. De manera notable, se propondrá al parecer la eliminación de las policías municipales y su integración en policías estatales únicas.
No es una idea nueva: en 2010 se presentó una iniciativa similar (con algunos matices) que murió a manos de quienes hoy reviven la propuesta. No es tampoco una idea buena: no lo era entonces, no lo es hoy.
¿Pero por qué? ¿No es un hecho que las policías municipales son el eslabón más débil de la cadena de seguridad y justicia?
No necesariamente. Consideren la información revelada recientemente por la organización Causa en Común: de los 38,698 policías no aprobados en el proceso de control de confianza, 55% pertenecían a corporaciones estatales, no municipales.
Las policías estatales tampoco salen muy bien paradas en otras dimensiones reseñadas por Causa en Común. Sólo 5 de 32 corporaciones preventivas estatales cuentan con unidades de asuntos internos. Más de 60 % de los policías estatales tienen remuneraciones inferiores a 9 mil pesos, un nivel salarial no muy distinto al de las policías municipales.
Salvo contadas excepciones, las policías estatales son instituciones contrahechas, profundamente vulnerables a la corrupción y la intimidación, incapaces de poner en práctica el modelo policial mandatado por ley. Y eso que, con la excepción del DF y el Estado de México, se trata de corporaciones pequeñas, de 3,000 elementos en promedio ¿A esas instituciones se les va a encomendar la tarea complejísima de absorber a las policías municipales? ¿Por qué la acumulación de deformidades institucionales debería de producir mejores fuerzas de policía?
Además, la fragmentación de las tareas policiales tiene dos ventajas que a menudo se olvidan. Por una parte, contar con una multiplicidad de policías facilita la innovación y la experimentación. Por ejemplo, la única policía del país que cuenta con un mecanismo formal de supervisión externa es la policía municipal de Querétaro.
Por otra parte, el impacto catastrófico de la corrupción y la infiltración crece conforme se concentran las capacidades. Si se corrompe la policía de Iguala, el problema se acota a Iguala. Si se corrompe una policía única en Guerrero, el problema es del estado completo.
Por último, es necesario recordar que la policía no sólo persigue delincuentes. Tiene funciones de mantenimiento del orden público, de regulación de tráfico y de resolución de disputas cotidianas. Para cumplir eficazmente esas tareas, la policía tiene que estar anclada en la comunidad, tener cercanía con la población y conocer las fuentes de conflicto. Eso no lo puede hacer una policía de corte militar traída de fuera de la comunidad. No es casualidad que Brasil, ejemplo supremo de las policías estatales únicas, esté hoy recorriendo el camino opuesto al que se propone aquí: en 2006, sólo 4 % de los municipios brasileños contaban con su propia guardia municipal; para 2012, 18 % estaban en esa condición.
Lo anterior no significa que no se deba reformar a las policías municipales ni que todas las existentes deban sobrevivir. Pero ese proceso necesita un bisturí, no un mazo. Hay alternativas: explorémoslas.
@ahope71
Analista de seguridad
