En semanas recientes se han intensificado los comentarios sobre la propuesta de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre un aumento al salario mínimo, así como una modificación a la forma en que se establece su monto.
Los coordinadores del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones y Silvano Aureoles Conejo, respectivamente, ven con buenos ojos someter a debate nacional la posibilidad de un aumento al salario mínimo en el país. Por su parte, la senadora del PAN, Silvia Garza, dijo estar a favor del aumento al salario mínimo.
Lo cierto es que, a pesar de la politización del tema, todos los actores coinciden en que el salario mínimo ha perdido una parte importante de su poder de compra desde 1970, por lo que es indispensable frenar ese deterioro y, en la medida de lo posible, revertirlo.
Las diferencias, sin embargo, están en los detalles.
Las autoridades están abiertas al debate sobre este tema, pero mantienen la importancia de vincular la mejora en el poder adquisitivo de los salarios mínimos a incrementos en la productividad, que se ha deteriorado en las últimas décadas.
Están también quienes rechazan un alza abrupta e inmediata de los salarios mínimos por sus posibles repercusiones negativas sobre el empleo y la inflación. Aquí se encuentra el Banco de México y, aunque parezca extraño, el dirigente del Congreso del Trabajo, Víctor Flores Morales, que si bien se inclina por ajustes semestrales con una recuperación gradual del poder de compra, rechazó que por "decreto los salarios mínimos aumenten 20 por ciento…".
Por otro lado están las posiciones extremas, como la referida por Silvano Aureoles, quien señaló que instituciones como el Observatorio de los Salarios Mínimos plantean que en México el ingreso mínimo debería ser de $548 pesos diarios, esto es, $16,444 mensuales, para garantizar la satisfacción de una canasta básica alimentaria, además de educación y vivienda, como lo establece la fracción VI, del apartado A del Artículo 123 de la Constitución.
El gran problema con las propuestas anteriores es que, por más bien intencionadas que sean, en las condiciones actuales y mientras no se desvincule al salario mínimo como referencia para otros salarios, cargos, multas y beneficios, un alza de doble dígito o más en los mínimos por decreto resultaría contraproducente, no sólo para la economía en general, sino también para las personas que supuestamente se busca beneficiar.
Por una parte, se reduciría la demanda de mano de obra, en especial la menos calificada y perceptora de estos ingresos, no sólo por el gasto asociado a los mayores salarios, sino también por los costos vinculados a las cuotas de seguridad social, impuestos sobre nómina y demás cargos gubernamentales que son, dicho sea de paso, de los más altos como porcentaje de las compensaciones laborales a nivel mundial.
Por otra parte, un alza substancial de los salarios mínimos provocaría, muy probablemente, presiones para la revisión de los salarios mínimos profesionales y de muchos otros salarios contractuales, lo que a su vez ejercería importantes presiones de costos sobre los precios.
En un entorno de política monetaria muy laxa sería bastante más fácil trasladar a precios los aumentos de salarios, lo que estimularía las presiones inflacionarias. El incremento de la inflación perjudicaría a toda la población, pero en particular a los trabajadores, que perderían su trabajo o que no encontrarían uno debido al nuevo nivel del salario mínimo.
En consecuencia, es deseable que los trabajadores cuenten con un ingreso mínimo que, como lo determina la Constitución, sea suficiente "para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia…", pero eso no se puede lograr por simple decreto, ya que no sería sostenible y perjudicaría a los trabajadores que se pretende apoyar, al traducirse en un incremento en el desempleo y la inflación.
Es por ello que convendría hacer primero, como algunos sugieren, una discusión profesional y sin fines políticos sobre el nivel y la trayectoria deseada a futuro para las alzas en los salarios mínimos, así como los cambios que se tendrían que dar en el resto de la economía para evitar que esas alzas, cuando ocurran, tengan efectos negativos sobre el empleo de los trabajadores no calificados y sobre los precios.
Entre esos cambios están, entre otros, la desvinculación de los mínimos como referencia del resto de la economía, así como que sus movimientos estén respaldados por un incremento en la productividad, resultado de reformas adicionales, por ejemplo, en la legislación laboral, en el sector educativo y en la plétora de regulaciones gubernamentales que agobian la actividad económica.
