El PRD demandó la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia, designada por el Congreso de la Unión y responsable de dar con el paradero que tuvieron miles de desaparecidos durante este y el sexenio anterior.
En "manifiesto a la nación" emitido este lunes por la dirigencia nacional del PRD ese partido lanzó 10 "medidas de emergencia" para enfrentar la crisis que vive el país y contrarrestar la tentación de "la regresión autoritaria sobre la cual hay cada vez más voces que desde el poder la impulsan".
El decálogo presentado por el dirigente nacional Carlos Navarrete, el secretario general Héctor Bautista y la vocera Amalia García, comprende propuestas legislativas o de gobierno en materia de seguridad pública, combate a la corrupción y hasta aumento salarial, por lo que se remitirá a los poderes de la Unión, a los partidos políticos nacionales, a las organizaciones sociales y empresariales.
En el documento, el PRD demandó que la "Comisión de la Verdad" se integre con ciudadanos, "hombres y mujeres, investidos de honorabilidad y prestigio social y cuyo trabajo se lleve a cabo con total independencia del gobierno" para que puedan esclarecer "a quiénes corresponden los cuerpos que se han encontrado en las múltiples fosas clandestinas en diversas partes del país".
En ese decálogo el PRD propuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cree una Visitaduría Especial para que investigue, en coadyuvancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), lo ocurrido en el caso de Iguala-Cocula, presente un informe a la sociedad y señale las responsabilidades en los ámbitos municipal, estatal y federal.
La demanda del PRD incluye que el gobierno federal garantice la integridad personal de las familias de los 43 normalistas desaparecidos y de los defensores civiles de derechos humanos y que en Iguala y Cocula "y en toda la región que comprenden las entidades federativas de Guerrero, Edo de México y Michoacán, el Gobierno Federal realice una acción inmediata y extraordinaria contra las bandas de la delincuencia organizada".
En el documento leído por Navarrete Ruiz el PRD recordó que una vez que éste asumió la presidencia perredista acudió a Iguala "para reconocer nuestro error de postular a un candidato externo con vínculos criminales, para exigir que quien haya incurrido en responsabilidad fuese sancionado y pedir perdón a los familiares de las víctimas y a la sociedad, sabiendo que pedir perdón no basta".
Pero exigió que el Gobierno de la República asuma su propia responsabilidad pues "está plenamente demostrado que los titulares de PGR y SEGOB tenían conocimiento" de los vínculos del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca y "siendo su obligación constitucional no actuaron, lo cual hubiera evitado la tragedia".
Otras propuestas fueron crear un tribunal superior de cuentas, -como la que propuso el PAN- "como un cuarto Poder Constitucional con facultades para prevenir, auditar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos, a los particulares, a los partidos políticos o sus integrantes que incurran en actos de corrupción".
Aumento salarial "de por lo menos 20 por ciento para el 2015", que no haya impunidad en caso de hallarse responsabilidades que involucren al presidente Enrique Peña Nieto, a sus familiares y a particulares, con relación a la adquisición de la casa de su esposa Angélica Rivera en Lomas de Chapultepec, y fin a la militarización con fines policiacos, entre otras medidas fueron sugeridas por el PRD de manera emergente.
