Un impacto de la Reforma de Energía será sobre el presupuesto del sector público, en el cual se asignan los recursos para los programas federales de gasto. En 2013 todo el ingreso petrolero aportó el 30% de lo que gastó el sector público.
Las iniciativas de reforma presentadas por el Ejecutivo al Congreso estimaron que la carga efectiva de impuestos sobre el ingreso neto de Pemex fue de 90 % entre 2000 y 2012, nivel en extremo alto. La carga es alta en parte porque en su gran mayoría es renta pura, es decir un ingreso después de costos muy superior a lo que registra la industria a nivel mundial. Sabemos que esto obedece a la nobleza de los yacimientos.
Aún así, la carga llegó a ser exagerada en la medida en que los gobiernos gastaron cada vez más. Como Pemex no puede cubrir sus costos de operación con el 10 % restante de su ingreso neto y además invertir, contrató deuda y aun así desatendió la cadena de productos de valor agregado.
No es ningún secreto que la situación financiera de Pemex es muy frágil, tanto por la carga fiscal, como también por costos de extracción crecientes, dado el agotamiento de los campos en los que produce.
Se sabe que con la reforma el gobierno no autorizará que Pemex siga produciendo en todos los campos que hoy produce, pues varios serán adjudicados a entes privados. También sabemos que los participantes privados no tendrán la misma carga fiscal que hoy tiene Pemex. Lo que aportan esos campos al gobierno necesariamente disminuirá.
Igualmente disminuirán los ingresos de Pemex, al no recibir el ingreso por los campos otorgados al sector privado. Por lo tanto los ingresos petroleros del gobierno también disminuirán, aunque es imposible saber en qué medida lo harán. Eso dependerá de los campos que el gobierno adjudique al sector privado, así como de los términos de dichos contratos, es decir la distribución de ingresos entre el sector privado y el gobierno.
Como los contratos con el sector privado tendrán una carga fiscal menor a la que Pemex tiene hoy, pues de lo contrario no tendría sentido la reforma, el ingreso presupuestal petrolero deberá bajar hasta que haya producción nueva en volúmenes crecientes. Entre tanto, el presupuesto federal deberá ajustarse a un menor ingreso petrolero.
Es cierto que la reforma contempla que tanto Pemex como el resto de productores privados que participen deberán pagar al estado cuando menos el 4.7% del producto interno bruto de cada año. Esta cifra ya es menor a los pagos de derechos que hizo Pemex en 2013 de 5.3% del PIB (862 mmp). La reducción contemplada es realista. Pero no es realista que los pagos se mantengan cada año en 4.7%, como lo supone la reforma.
La única manera en la que los ingresos del estado podrían sostenerse es aumentando mucho la producción desde el momento en el que el sector privado comience a compartir ingresos que antes Pemex capturaba en su totalidad. Este supuesto no es realista de aquí al mediano plazo, pues la producción tiene tendencia secular a la baja y los grandes y nuevos descubrimientos de campos no han ocurrido. Aun después de descubrirse, la extracción podría tardar hasta 10 años.
Al bajar el ingreso petrolero en el presupuesto tendrán que bajar primero las participaciones federales a estados y municipios. Otros gastos públicos también tendrían que bajar, a menos que aumente el ingreso no petrolero. Hay mucho margen para ajustar gastos burocráticos, pero podría ser muy menor comparado con la erosión del nivel actual de ingreso. Por otra parte, tampoco se ve voluntad política para reducir los gastos.
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