Objetivo. El legislador afirmó que no se trata de obstaculizar ni entorpecer el ejercicio presupuestal de quien encabeza la administración pública estatal, sino de garantizar el control del gasto.
Con el fin de que el Poder Legislativo genere un instrumento que incentive el uso responsable del gasto público, que evite la discrecionalidad y la toma unilateral de las decisiones gubernamentales, se presentó una iniciativa en el Congreso para reformar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno estatal.
Se busca que las transferencias en materia presupuestal y el gasto de los recursos extraordinarios que pueda realizar el Ejecutivo, tengan un control por parte del Poder Legislativo.
Su autor, el diputado del partido Movimiento Ciudadano, Felipe de Jesús Enríquez Herrera refirió que en la actualidad dicha ley permite transferencias presupuestales por medio de disposiciones administrativas emitidas por la Secretaría de Finanzas, dependencia que ordena y ejecuta cambios al Presupuesto de Egresos sin tener que solicitar autorización al órgano que lo aprobó, es decir, al Congreso del Estado, mediante el decreto respectivo.
En este sentido, añadió que el titular de una Secretaría, que no es electo ni depositario de ninguna representatividad popular, reasigna el gasto sin conocimiento oportuno del Legislativo.
"El Ejecutivo podría hacer una propuesta de transferencia o uso de recursos extraordinarios, antes de utilizarlos y en colaboración respetuosa con el Legislativo nos pondríamos de acuerdo para la aprobación correspondiente, sin descuidar nunca los programas de mayor beneficio social", manifestó.
Insistió que se busca que el Congreso apruebe las transferencias y reasignación de los ingresos extraordinarios a propuesta del Ejecutivo, "para hacer del equilibrio de poderes un ejercicio cotidiano y permanente".
Asimismo, propuso que los recursos extraordinarios que se obtengan de manera adicional a los establecidos en la Ley de Ingresos que cada año se aprueba, se hagan del conocimiento de los miembros de la Legislatura en funciones dentro del plazo de 30 días posteriores en que se generen, para que decrete su asignación a los programas prioritarios contenidos en el Presupuesto de Egresos.
Refirió que estos controles ya existen en otras entidades, "porque es sabido que en nuestro país, en diversos niveles de gobierno, las transferencias y recursos extraordinarios se han utilizado para elevar el gasto corriente e incluso desviado a gasto suntuario".
