El senador Zoé Robledo Aburto presentó una iniciativa para que cualquier partido político que haya postulado a un representante popular sentenciado por actos criminales durante su gestión, no pueda participar en la siguiente elección a ese cargo.
En la sesión ordinaria y en tribuna, el legislador perredista propuso modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el propósito de que la revisión de los candidatos sea mucho más puntual, rigurosa y seria.
Afirmó que existe la disyuntiva entre lograr una representatividad real y la insolvencia de los partidos políticos para asegurar que las personas que postulan a cargos de representación popular “están limpias, que no son delincuentes”.
En la exposición de motivos de la propuesta, Robledo Aburto aseguró que los hechos de Ayotzinapa son una expresión más de la crisis social que vive el país y que los actos cometidos contra estudiantes campesinos no se pueden entender de forma aislada.
Si esto sigue sucediendo, destacó, es porque los gobiernos respectivos no han logrado aminorar, frenar ni revertir esas situaciones, pues nadie es más responsable por estos hechos que el gobierno en sus tres niveles.
La función pública, acotó, debe desempeñarse con toda responsabilidad, probidad, compromiso y lealtad a los representados; por ello es necesario que los partidos políticos tengan una responsabilidad subsidiaria con todos los servidores públicos que emanen de sus filas.
En la iniciativa que se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el senador también propuso establecer protocolos de control de confianza como prerrequisito para el registro de candidatos para el próximo proceso electoral.
La insolvencia de los partidos en la selección de los candidatos, consideró, es un problema que atañe a todos y con estas sanciones está, quizá, la posibilidad de pensar en una verdadera transición democrática, que no se agote en la alternancia partidista.
