Las nuevas leyes reglamentarias para Pemex y la CFE no sólo ofrecerán coartadas a los funcionarios corruptos o incumplidos, sino que garantizan la compra de seguros, con cargo al erario, para cubrir daños y otorgarles asistencia legal.
Los dictámenes a aprobar mantienen la redacción propuesta por el Ejecutivo federal en materia de responsabilidades.
En ella se establece que el personal no incurrirá, individual o conjuntamente, en responsabilidad por los daños o perjuicios que ocasionen a las empresas, derivados de actos, omisiones o decisiones que adopten, siempre y cuando lo hagan de "buena fe".
Para ello, los trabajadores deberán haber cumplido con los requisitos para la aprobación de cada caso, tomar decisiones con base en información proporcionada por las áreas responsables de la materia y haber seleccionado la alternativa más adecuada "a su leal saber y entender".
Además, la Unidad de Responsabilidades tampoco iniciará procedimiento o impondrá sanciones administrativas al personal cuando haya incurrido en falta, si lo hace sólo una vez al año o si corrige el daño de manera espontánea.
Además de las cortadas y las excusas, los diez integrantes del Consejo de Administración, los directores generales y los empleados --que así determine el máximo órgano de Pemex y CFE--, tendrán derecho a un seguro para cubrir los daños que provoquen sus decisiones.
Las propuestas del Ejecutivo federal buscan darle salidas a empleados y funcionarios que cometieran irregularidades.
Ese mismo día, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, aseguró que se realizarían ajustes para fortalecer las medidas de combate a la corrupción.
El Ejecutivo lo justificó al asegurar que los riesgos en el sector podrían derivar en una conducta inhibitoria para quienes toman las decisiones.
