Las protestas de los maestros contra el pago el Impuesto sobre la Renta han marcado la agenda mediática de las últimas semanas. Saltillo, Torreón, el Congreso del Estado, oficinas de recaudación de rentas e incluso autopistas fueron sedes de las manifestaciones.
Finalmente los docentes lograron un “arreglo” para no pagar el cien por ciento de sus impuestos como lo hacen todos los ciudadanos. De esta forma pareciera que las protestas sirven para diferenciar a ciudadanos de primera y segunda.
Paralelamente mientras se anuncian operativos contra los autos que no portan placas o no están al corriente de sus pagos, los afiliados a la Onappafa no se deben de preocupar: ellos no son molestados a pesar de que nunca han pagado impuestos. A esta diferenciación hay que sumarle la de los funcionarios públicos que no están al corriente de sus pagos, pero que gracias a su credencial no son molestados en dichos operativos. Nuevamente ciudadanos de primera y de segunda.
Este tipo de “arreglos” se puede entender bajo la lógica electoral: las asociaciones de los carros “chocolates” y los maestros representan votos y las eleciones están a la vuelta de la esquina.
Si mañana se quiere modernizar el transporte los choferes protestarán, si se busca regular a los vendedores ambulantes seguramente organizarán una manifestación. De esta forma en México somos rehenes de las protestas, no importa la Ley, tampoco los derechos de los ciudadanos.
¿Cuánto perdemos quienes sí pagamos al cien por ciento nuestros impuestos para que los maestros conserven sus privilegios?, ¿es justo decomisar el auto que tal vez debe un año de tenencia y no el auto “chocolate”?
Estas historias no son nuevas, por el contrario al paso del tiempo se continúa hablando de los mismos temas. Por desgracia esta repetición sólo evidencia que estamos muy lejos de ser un país que viva en la cultura de la legalidad porque todo se soluciona con una marcha.
