Interés. Muchos desean ocupar el puesto de Raúl Plascencia a cargo de la Comisión de Derechos Humanos.
Los primeros diez candidatos que aspiran a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) coincidieron en la necesidad de reforzar las facultades que tiene el organismo a fin de dar seguimiento puntual a todas las recomendaciones, atender de manera adecuada a las víctimas y prevenir violaciones graves a las garantías fundamentales.
En la primera ronda de comparecencias en el Senado, los candidatos que fueron más cuestionados por los miembros de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia fueron Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la exfiscal Sara Irene Herrerías Guerra; la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi y el ombudsman de Querétaro, Miguel Nava Alvarado.
El primero en exponer su plan de trabajo fue Pérez Vázquez, quien destacó como parte de su currículum el no tener vínculos que comprometan la autonomía de la CNDH y estar en contra del lucimiento personal y en favor de las víctimas de violaciones a los derechos.
Expuso que de resultar electo presidente, la CNDH ejercería a plenitud sus facultades a fin de dar seguimiento a todas las recomendaciones hasta su total cumplimiento y contribuir en el establecimiento de medidas que impidan que se vuelvan a presentar casos como el de Tlatlaya, en el Estado de México, y el de Iguala, Guerrero.
La senadora Layda Sansores (PT) le cuestionó cómo mantendría en la CNDH una autonomía del Poder Judicial, a lo que respondió que por ley, la comisión no puede involucrarse en asuntos de ese carácter.
Por su parte, el ombudsman de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, expuso las amenazas que ha recibido en su función y destacó su experiencia en tareas de seguridad pública. Al ser interrogado sobre si es compatible esa labor con los derechos humanos, respondió que es una tarea complementaria. Fue interrumpido por representantes de organismos civiles de esa entidad, quienes lo acusaron por despidos de personal en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al respecto, dijo que los trabajadores recibían remuneración del gobierno.
La exfiscal de Atención a Víctimas del Delito, Sara Irene Herrerías, expuso su labor en la impartición de justicia y la prevención del delito y consideró que en las condiciones actuales del país es indispensable reconstruir el tejido social.
Al expresarle algunas críticas de víctimas que fueron atendidas en su gestión en el sentido de que sólo se dedicaba a pegar carteles de "Se busca", la candidata aseguró que trabajó 24 horas diarias por atenderlas.
La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, destacó que cuenta con la experiencia académica y laboral suficiente para ocupar el cargo, y destacó que es necesario que la CNDH recupere la confianza ciudadana a través del trabajo con ONG.
Dijo que la comisión no debe estar peleada con las instituciones, sino que debe establecer mesas de trabajo en las que se solucionen problemáticas en la materia; en cuanto a las víctimas, señaló Olamendi que el organismo debe consultarlas para que sean ellas quienes decidan cómo se les debe reparar el daño.
El abogado litigante Ricardo Vázquez Contreras señaló que la CNDH debe ser un contrapeso efectivo y eficiente en sus resoluciones, pues consideró que hasta la fecha es sólo una "pesada losa burocrática".
