Buena acogida tuvo en los estudios preliminares de percepciones el mensaje de las "reformas en acción" con que el presidente Enrique Peña Nieto anunció el inicio inmediato de la fase de ejecución del mayor ciclo reformador de la historia reciente de México. Lo puso a circular en el momento mismo de promulgar las nuevas leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética.
Es posible que ese mensaje de "las reformas en acción" haya conectado con un imaginario social agobiado por una colección de normas constitucionales, acumuladas en casi un siglo, que se mantienen inmóviles, tanto porque no hay quien las toque como porque nunca se han cumplido. Al respecto se sigue manteniendo la coartada discursiva de que nuestra Constitución es todo menos una norma jurídica exigible y de observancia obligatoria.
Como lo ha criticado el constitucionalista y ministro de la Corte, José Ramón Cossío, en lugar de subrayar el carácter prescriptivo de la llamada Ley Suprema, por épocas se ha optado por reducir la Carta Constitucional nada más -o nada menos- que a un pacto en el que los grupos revolucionarios plasmaron sus anhelos, o un documento programático sin calendario de avances.
Y allí es donde han hibernado por sexenios enunciados como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y el derecho a la salud. Y en ese mismo páramo -para usar el título de una investigación en CIDAC del ahora subsecretario de Energía, César Hernández- han quedado "cautivas" varias modernizaciones, como las sucesivas reformas a la educación, secuestradas por décadas por las también sucesivas camarillas sindicales del magisterio.
¿Reforma imposible?
A juzgar por la buena recepción del mensaje presidencial, su propuesta de las "reformas en acción" parece prevalecer no sólo sobre la tradición de normas inmóviles porque no se materializan, sino también sobre la propuesta de inmovilidad de algunas normas supuestamente intocables, esta vez por formar parte de los "acuerdos fundamentales de la nación".
La mejor síntesis de esta postura la recogió en estos días el politólogo del ITAM, Jesús Silva Herzog Márquez, de la idea dominante hasta el año pasado que describía la apertura del sector energético como la "reforma imposible". Si bien esta reforma se consideró por lustros económicamente urgente, se le sentenció también como políticamente inviable, por su sensible carga ideológica. Esta carga había sido alimentada, por cierto, por más de seis décadas de ideología oficial trasmitida a través de programas educativos, libros de texto escolares y persistentes discursos del gobierno y su partido dominante, hasta convertir sus mensajes contra la apertura del sector en "acuerdos fundamentales de la nación", ahora abrazados por la oposición de izquierda a las reformas. Reformador radical
Pero el mensaje de las "reformas en acción" también conecta con actores y medios, nacionales e internacionales, finalmente dispuestos a aceptar la culminación del formidable ciclo reformador de hoy como producto de una gran capacidad política, pero escépticos sobre la capacidad operativa para instrumentarla. Y en este punto volvió a sorprender la respuesta presidencial al sustentar el mensaje de las 'reformas en acción' con el sentido de urgencia con que ordenó el decálogo de políticas y medidas que empezaron a implementarse a partir de hoy.
No sorprende en este punto que "The Economist" de Londres vuelva a hablar del Mexican Moment, el ímpetu mexicano, y que caracterice al presidente Peña como un reformador radical. Y es que un indicador básico en el mundo para evaluar a los gobernantes, en esta era de los llamados gobiernos de minoría, es su capacidad para formar coaliciones en el Congreso que les permitan a los Ejecutivos cumplir sus programas de gobierno. Y aquí parecería que en menos de 21 meses se ha cumplido ya el programa legislativo de un sexenio completo. O de varios sexenios, porque en estos 21 meses se lograron sacar reformas que se venían intentando desde hace 21 años…
(Director general del Fondo de Cultura Económica )
