Al menos en la capital de Coahuila, son 129 las personas desaparecidas y en el estado son más de mil 700, cifras que podrían ser mayores, ya que muchas personas no se atreven a denunciar, dio a conocer Tania Espinoza Sanchez, directora del Centro Jurídico para los Derechos Humanos A.C., en el marco del Foro Democracia, Inseguridad y Derechos Humanos.
Durante su exposición titulada "Derechos Humanos", de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos "Fray Juan de Larios" A.C, y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, del 2007 al 2013, hubo un total de 143 incidentes y 321 víctimas de desaparición forzada, específicamente Saltillo tiene la cifra más alta por municipio con 129 personas desaparecidas.
Tan solo en el 2014, la subprocuraduria para la Búsqueda de Personas No Localizadas de Coahuila da a conocer que hay mas de mil 700 personas desaparecidas, en un censo de mayo del 2000 a mayo del 2014, "es interesante compararlas con otras que existan, no hay cifras unificadas, y esto es alarmante, tendríamos que tener certeza de cuantas personas han desaparecido en Coahuila, y por lo tanto exigir justicia por ellas. El no tener estas cifras, aumenta la impunidad y va detrimento de la seguridad de cualquiera de nosotros que estamos en este territorio".
Destacó que en muchas ocasiones los gobiernos presumen sus programas de derechos humanos, pero para garantizarlos, no basta con un programa de esta índole, hay que ejecutarlos, y ver cuales son los resultados.
La importancia en términos de derechos hablar sobre desapariciones forzadas, México ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una de las sentencias sobre las que se ha pronunciado esta contra México, es en el caso de Rosendo Radilla, esta sentencia es del 2010, y precisamente trata sobre una desaparición forzada entre los años 60 y 70 en la "guerra sucia", y no solo esta Corte evidentemente condena la actitud del estado mexicano por llevar acabo desapariciones forzadas, también una de las cosas que exige es que justamente para evitar la impunidad, todas las violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles por parte de militares, sean conocidas por el fuero común y no por el militar, mientras estas violaciones sean conocidas por el fuero militar, la impunidad va a continuar.
"Es importante que se castigue no solo a los ejecutores de las desapariciones, si no aquellos que las ordenan o cualquier violación a los derechos humanos contra civiles".
Otro punto que destacó son los Derechos Humanos de los migrantes, pues Coahuila es un estado de tránsito y expulsión de migrantes; la CNDH en su primer informe especial sobre el tema, documento 9 mil 758 personas secuestradas de septiembre del 2008 a febrero de 2009, mil 266 actos de intimidación (amenazas, insultos, disparos al aire), 475 agresiones físicas(golpes y pedradas) y 42 casos de agresión o violación sexual.
Señaló que el Centro de Derechos Humanos "Miguel Pro Juárez" y la Casa del Migrante, también han visibilizado la practica del reclutamiento forzado de personas migrantes por parte del crimen organizado, mujeres migrantes son secuestradas y sufren trata de personas, es decir, son sometidas a explotación sexual, en las modalidades explotación sexual comercial y prostitución forzada.
Lo alarmante del asunto es que de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, en la PGJE no existe acta circunstanciada o proceso penal relacionado con la comisión del delito de secuestro en perjuicio de migrantes, esto, porque en muchas ocasiones los gobiernos no quieren generar antecedentes de otorgarles derechos a migrantes.
"Aquí se les olvida que los derechos no se otorgan, solamente se reconocen, los migrantes solamente por ser personas, aunque no sean mexicanos tienen derechos y les deben ser respetados como a cualquiera de nosotros, tema en el cual se debe poner mucha atención".
Cabe recordar que en la actualidad, Saltillo cuenta con el albergue Belém Posada del Migrante, que cuenta con medidas cautelares vigentes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales desde hace tiempo fueron otorgadas, las cuales se otorgan cuando existe un riesgo a la vida o integridad de las personas, en este caso a la vida del padre Pedro Pantoja, quien lleva las riendas del albergue, y los demás colaboradores, así como los mismos migrantes que son asediados por el crimen organizado, y aunque la Secretaria de Gobernación es quien se encarga de implementar estas medidas, en realidad lo que hace es coordinar la implementación y las medidas tal cual de seguridad, dependen mucho más de la PGJE, autoridades de seguridad pública, la misma autoridad estatal, y por su puesto se requiere la colaboración del gobierno de Saltillo, porque las instalaciones del albergue se encuentran en la capital.
Por lo anterior, se desprende que en el estado hay un número de víctimas de violaciones a derechos humanos, cuyas violaciones están relacionadas de alguna manera con temas de seguridad pública.
