Protestas. Alumnos de distintas normales rurales de Guerrero se alistan para nuevas manifestacones.
El anuncio hecho por el procurador Jesús Murillo Karam ante el posible asesinato e incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa refleja las fallas del gobierno mexicano para hacer frente a la crisis de derechos humanos que se vive en el país, aseguró Amnistía Internacional, (AI).
"Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Dijo que detrás de las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales han sido limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones de derechos humanos. Guevara Rosas aseguró que el procurador falló en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado; además de la complicidad del Estado ante la serie de denuncias contra el exalcalde de Iguala, Luis Abarca.
Abarca, quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, ha sido también sospechoso de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. Guevara dijo que el sobreviviente al ataque proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, el fiscal del Estado no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones, investigación que fue presuntamente cerrada en mayo de 2014.
En diciembre de 2011 las autoridades fallaron en hacer rendir cuentas a los funcionarios policiales federales y estatales responsables de la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa.
